En la madrugada de este jueves, la investigación por el tiroteo escolar que sacudió a San Cristóbal, en el norte de Santa Fe, sumó un movimiento clave: la Policía Federal Argentina (PFA) allanó la casa donde vivía Gino C., el adolescente de 15 años señalado como autor del ataque en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”, y también un comercio vinculado a su familia. El operativo fue ordenado por la fiscal Carina Gerbaldo, de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, y estuvo a cargo de la División Unidad Investigación Antiterrorista de la fuerza federal.
Hasta el momento, la información disponible sobre los hallazgos del personal policial indica que en ambos inmuebles se secuestraron “elementos potencialmente incriminantes” que serán incorporados al expediente, pero las fuentes judiciales mantienen bajo reserva el detalle fino de lo incautado. Lo que sí trascendió, según reportes locales, es que el teléfono celular del adolescente está entre los elementos a peritar, y que su contenido será analizado, incluyendo posibles mensajes a terceros y actividad en redes sociales.
Por otra parte, trascendió que habrían secuestrado también un CPU y un pendrive, que serían parte del peritaje informático junto al celular del adolescente. En esta misma línea, se indicó que habrían hallado un pasamontaña que fue incluido en el material secuestrado, junto a una remera que por su diseño en el frente podría ser un elemento de interés en la causa.
Los allanamientos llegan días después del episodio que dejó a la comunidad educativa en shock. El lunes 30 de marzo, en el inicio de la jornada escolar, un alumno ingresó armado al establecimiento y disparó contra sus compañeros. En el ataque murió Ian Cabrera, de 13 años. La escena terminó cuando un portero logró reducir al agresor antes de que pudiera seguir disparando, según reconstrucciones periodísticas del caso. Sobre la cantidad de heridos, las cifras variaron en las primeras horas: mientras algunas coberturas hablaron de dos estudiantes heridos por perdigones, otros reportes ampliaron el número total de lesionados —incluyendo heridas superficiales— y lo ubicaron en ocho.
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El objetivo de los operativos de este jueves es robustecer la causa antes de la instancia judicial inmediata: una audiencia de formulación/atribución de cargos en la que la fiscalía expondrá la evidencia reunida. En ese paquete, según se informó, figuran peritajes criminalísticos de Policía de Investigaciones (PDI), la necropsia de la víctima, informes médicos, imágenes de cámaras públicas y privadas y testimonios de alumnos, docentes y no docentes.
La reconstrucción de cómo entró el arma al colegio también tuvo idas y vueltas. En los primeros reportes circuló la versión de un estuche de guitarra, pero el fiscal que habló sobre la secuencia indicó que la escopeta habría sido llevada en una mochila, junto con municiones, y que el adolescente la preparó en el baño antes de disparar. En esa línea, pericias citadas por medios nacionales describieron el hallazgo de vainas servidas, cartuchos y otros elementos vinculados al arma en el área donde se habría preparado el ataque, parte de la evidencia técnica que busca cerrar el circuito del hecho.
Otro eje sensible es el origen de la escopeta. Fuentes del caso señalaron que se trató de una escopeta calibre 12/70 perteneciente a un familiar, un dato que la fiscalía intenta precisar para determinar responsabilidades adultas en el acceso al arma y a las municiones. En ese marco, el abuelo del adolescente declaró a medios locales que el arma habría sido robada y que ya realizó la denuncia, un testimonio que se incorporó al debate público.
