En La Matanza, el miedo volvió a colarse en los pasillos escolares por la vía más cotidiana de todas: un grupo de WhatsApp. En el Colegio Domingo Savio, en la localidad de Aldo Bonzi, padres y alumnos quedaron en estado de shock cuando comenzaron a circular audios, imágenes y mensajes atribuidos a un exalumno de 15 años que ya no asistía al establecimiento desde hacía dos años. La amenaza, de acuerdo con la denuncia, no fue un exabrupto aislado: se reiteró durante días y estuvo acompañada por fotos de armas de fuego enviadas al chat del curso.
El caso se activó formalmente el 5 de abril, cuando la madre de una estudiante de cuarto año del turno mañana se presentó ante la Justicia y también se dio aviso al 911. La denuncia describió que el adolescente venía hostigando desde hacía unas semanas al grupo de compañeros, con un tono cada vez más explícito y violento. En las capturas incorporadas a la investigación aparecía incluso una referencia a que el ataque “no se hizo” antes por cuestiones climáticas, un detalle que encendió todas las alarmas: para las familias, el relato sonaba demasiado cercano a una planificación.
La respuesta judicial fue rápida. Con intervención de la DDI local y el fuero penal juvenil, se ordenaron allanamientos en domicilios vinculados a los padres del menor y se secuestró el teléfono celular que habría sido utilizado para enviar las amenazas. En paralelo, el expediente quedó bajo la órbita de fiscalías que investigaron la identificación del joven y la preservación de evidencia digital, un punto clave en episodios donde la prueba principal está en chats, archivos y cuentas de mensajería.
Pero el dato que más inquietó a los investigadores no fue solamente el contenido de los mensajes, sino lo que encontraron al revisar el dispositivo. El adolescente integraba —o había integrado— un grupo denominado “True Crime Community”, un espacio virtual donde se comparten contenidos sobre crímenes violentos y, de acuerdo con los investigadores citados, puede funcionar como ámbito de “radicalización” o glorificación de ataques escolares. En esa misma comunidad digital, habría participado también un menor vinculado con el reciente caso de San Cristóbal, Santa Fe, lo que reavivó el debate sobre subculturas online, admiración por perpetradores y contagio imitativo.
En términos concretos, la Justicia dispuso medidas de seguridad para el adolescente: permanecer en su domicilio bajo controles y supervisión de organismos estatales, mientras se avanzaba con diligencias y peritajes. También se reforzó la presencia preventiva en las inmediaciones del colegio para llevar tranquilidad a la comunidad educativa, con un “rondín” policial y seguimiento de la situación.
El expediente abre además una discusión que excede a este colegio: qué sucede cuando los adolescentes se socializan en comunidades virtuales que banalizan el daño o celebran la violencia como espectáculo. La dimensión digital del caso, entonces, no es un detalle: es el corazón mismo de la pesquisa, porque allí se busca reconstruir si la amenaza fue “fantasía”, desafío, hostigamiento o el primer paso de una escalada.
