Este jueves se encendió una nueva polémica judicial: inició el juicio oral contra Andrea del Boca, acusada de ser “partícipe necesaria” en una maniobra de administración fraudulenta por la supuesta malversación de fondos públicos destinados a la telenovela Mamá Corazón (2015), una producción que finalmente nunca llegó a emitirse. Junto a ella, el exministro Julio De Vido también enfrenta cargos por su rol en el financiamiento estatal, según detalló el Tribunal Oral Federal N°7, que conduce el proceso.
El caso se remonta a un convenio millonario entre el Ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la productora privada a+A Group SRL, representada por Del Boca. Según la investigación, el acuerdo incluía cláusulas contractuales “arbitrarias o leoninas” y otorgó derechos exclusivos de explotación internacional por largos periodos, además de desviar recursos por más de 36 millones de pesos para producciones que nunca fueron exhibidas.
En su primera presentación ante el Tribunal, Andrea del Boca optó por el silencio: se negó a declarar y solicitó que los jueces lean íntegramente el descargo que había presentado por escrito durante la etapa de instrucción. Durante su intervención, aportó únicamente sus datos personales y recordó su trayectoria artística como respaldo moral .
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La participación de Del Boca contrasta con la de otros imputados, como el propio Julio De Vido, quienes aprovechan la escena judicial para defender su accionar. En tanto, la fase de testigos promete sumar voces del mundo del espectáculo y figuras ligadas a la producción audiovisual: entre los convocados figuran los actores Fabián Mazzei, Marcelo Mazzarello y Fernando Dente.
Además, su abogado defensor enfatizó que, en rigor, Del Boca habría cumplido con su rol contractual al entregar la totalidad del contenido al Banco Audiovisual del Estado, siendo la falta de emisión una decisión ajena a la productora.
Tras ocho años de espera, este juicio representa una instancia clave para esclarecer la responsabilidad de los involucrados. Sectores informados ya hablan de la necesidad de una sentencia que brinde claridad y justicia, ante un caso emblemático que marcó la frontera entre la política, la cultura y la transparencia en el manejo de recursos públicos.
