La autopsia de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, expuso una secuencia de violencia previa que transformó por completo la investigación judicial: los peritos detectaron múltiples traumatismos craneales, lesiones internas de distinta data y signos compatibles con un contexto de agresiones sostenidas.
El informe forense no sólo explicó la causa médica de la muerte: también dejó al descubierto que el cuadro era incompatible con un episodio aislado.
Con esos resultados sobre la mesa, la causa dejó de moverse en la categoría de “muerte dudosa” y pasó a investigarse como un presunto homicidio agravado por el vínculo, una figura penal que marca el nivel de gravedad que hoy evalúa la Justicia provincial.
La causa de muerte: edema cerebral tras múltiples golpes dirigidos
El dato más impactante del informe es la confirmación de que el niño murió a causa de un edema cerebral provocado por traumatismos repetidos en la cabeza. Los especialistas establecieron que el cráneo presentaba impactos múltiples y compatibles con golpes dirigidos, no con una caída accidental.
Los peritos incluso determinaron que el menor habría recibido al menos 20 golpes en la zona craneal, una cifra que cambió el enfoque completo del expediente porque demuestra reiteración y no un único episodio violento.
Ese hallazgo se convirtió en el eje del avance judicial: ya no se trata de reconstruir si hubo violencia, sino cuándo ocurrió, durante cuánto tiempo se extendió y quiénes estaban a cargo del niño en ese período.
Lesiones previas: el dato que vuelve incompatible la hipótesis accidental
Uno de los puntos más contundentes del informe forense es que varias de las lesiones detectadas tenían distinta antigüedad. Los especialistas establecieron que algunos traumatismos databan de hasta diez días antes de la internación, lo que confirma que el cuadro no comenzó el día del colapso que derivó en el traslado al hospital.
Ese dato es clave porque instala la hipótesis de violencia sostenida en el tiempo, una variable central en las causas judiciales por maltrato infantil.
En paralelo, la autopsia también confirmó traumatismos internos que no eran visibles externamente, lo que explica por qué el cuadro clínico pudo avanzar sin señales inmediatas evidentes para terceros fuera del entorno doméstico.
El ingreso al hospital: llegó con paro cardiorrespiratorio
El niño fue trasladado al hospital regional de Comodoro Rivadavia tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la vivienda donde vivía con su madre. Ingresó con pulso, pero en estado crítico, y murió 48 horas después de la internación.
Ese intervalo entre el ingreso y el fallecimiento fue determinante para que los médicos detectaran signos compatibles con traumatismos craneales previos, lo que activó el protocolo judicial que terminó derivando en la autopsia.
Desde ese momento, la causa dejó de analizarse exclusivamente como una emergencia médica para pasar a investigarse como un posible hecho de violencia.
La detención de la madre y el padrastro tras el informe forense
El avance más fuerte posterior a la autopsia fue la detención de la madre del niño y su pareja, Mariela Altamirano y Maicol González, una medida que la fiscalía pidió tras confirmarse la existencia de traumatismos previos compatibles con maltrato.
Ella fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly; él, a una dependencia de la localidad de Mosconi. La beba que ambos tienen en común fue derivada a Córdoba, donde reside parte de la familia materna.
Ambos quedaron acusados en el marco de una investigación por homicidio agravado por el vínculo, una de las figuras más graves del Código Penal argentino cuando la víctima es menor de edad.
La decisión judicial se apoyó en el material probatorio acumulado en las últimas horas: informes médicos, reconstrucción de la cronología familiar y resultados preliminares de pericias complementarias.
El contexto que investiga la fiscalía: violencia sostenida
La confirmación de golpes reiterados y lesiones de distinta data consolidó la hipótesis de violencia sostenida en el tiempo.
Ese escenario es el que explica por qué la causa cambió rápidamente de carátula y comenzó a avanzar hacia una imputación penal directa.
En paralelo, los fiscales analizan ahora quiénes tenían a cargo el cuidado del niño durante los días previos al episodio final, una reconstrucción clave para determinar responsabilidades individuales dentro del entorno familiar.
