El caso por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó en las últimas horas un giro tan inesperado como inquietante. Mientras la Justicia Federal ratificó de manera categórica que la familia del niño no está bajo sospecha —al confirmar que no existían pruebas que vincularan a sus padres con el hecho—, la investigación avanzó hacia un terreno completamente distinto: la posible intervención de redes de desinformación con presunto origen en Rusia.
El nene, que tenía 5 años cuando desapareció en un paraje cercano a 9 de Julio, Corrientes, había sido visto por última vez tras un almuerzo en la casa de su abuela. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los más sensibles del país. Ahora, a poco de que se cumplan 2 años de su desaparición, la causa sumó un capítulo que complejizó aún más el escenario.
La pista que cambió el rumbo de la causa
Según se desprendió de presentaciones judiciales recientes, el fiscal federal Carlos Schaefer —quien estará a cargo del juicio oral— junto con la abogada querellante María Belén Russo Cornara solicitaron abrir una investigación paralela. El objetivo: determinar si existieron “operaciones organizadas de desinformación, financiamiento ilícito y entorpecimiento de la investigación penal”.
El planteo fue elevado ante la jueza Cristina Pozzer Penzo y el fiscal Martín de Guzmán, en base a informes periodísticos que alertaron sobre una presunta trama internacional.
En ese contexto, Schaefer sostuvo en un escrito que “recientes investigaciones periodísticas han revelado una trama de desinformación financiada por servicios de inteligencia rusos en Argentina”. Según detalló, estas acciones habrían utilizado temas de alta sensibilidad social —como el caso Loan— para generar inestabilidad política.
El fiscal fue más allá al afirmar que “Rusia pagó miles de dólares a distintos medios de comunicación y portales digitales argentinos para publicar contenidos diseñados para desgastar al gobierno actual”. En esa línea, explicó que esas campañas “habrían impulsado narrativas específicas sobre la desaparición de Loan Peña con el fin de capitalizar el malestar social y dirigirlo contra las instituciones”.
Una “nube de mentiras” bajo la lupa
La hipótesis que comenzó a tomar fuerza dentro del expediente hablaba de una “nube de mentiras”: un entramado de versiones falsas, teorías conspirativas y datos no verificados que circularon masivamente desde los primeros días del caso.
Entre los nombres mencionados en este contexto aparecieron el dirigente Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, y la periodista Kitty Sanders, quienes habrían sido señalados como posibles partícipes en la difusión de ciertas versiones. Frente a esto, Vera reaccionó públicamente: “Buscan amordazarme”, advirtió.
Por el momento, la investigación no estableció responsabilidades concretas, pero sí dejó en evidencia un fenómeno que preocupa a los investigadores: la utilización de causas judiciales sensibles como terreno fértil para operaciones de desinformación.
Un caso que sigue abierto
Mientras siete personas esperan ser juzgadas por su presunta participación en la sustracción del menor y otras diez enfrentan acusaciones por intentar desviar la investigación, el foco judicial se amplía hacia una dimensión inédita.
El caso Loan ya no solo interpelaba a la Justicia argentina en términos penales, sino también en su capacidad para detectar y enfrentar posibles maniobras de manipulación informativa a gran escala.
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