La causa que estalló en el mundo médico con el nombre de “Caso Propofol” sumó este viernes un capítulo determinante: la Justicia procesó al anestesista Hernán Boveri y a la exresidente Delfina “Fini” Lanusse en el expediente que investiga el presunto desvío de anestésicos del Hospital Italiano de Buenos Aires. La resolución, firmada por el juez Javier Sánchez Sarmiento, los ubica formalmente en el centro de una investigación por administración fraudulenta, sin prisión preventiva, y les impone dos medidas que marcan el tono del expediente: prohibición de salida del país y embargos por una cifra que, sumada, alcanza los $100 millones.
El dato económico —que en términos judiciales funciona como garantía para el proceso— fue uno de los puntos más fuertes de la decisión. Según fuentes judiciales, el magistrado dispuso un embargo de 70 millones de pesos para Boveri y de 30 millones para Lanusse. La medida se complementa con la prohibición de salir del país y con la continuidad de restricciones de contacto entre ambos por un plazo determinado.
¿Qué significa que estén “procesados”? En el lenguaje judicial, el procesamiento es una instancia formal que supone que el juez considera reunidos elementos suficientes para avanzar hacia una etapa más sólida del expediente, aunque no equivale a una condena. En este caso, el delito atribuido es administración fraudulenta, una figura que puede contemplar una pena máxima de seis años si hubiera condena, y se investiga en el marco de una presunta sustracción y salida irregular de medicamentos de uso estrictamente intrahospitalario.
El expediente se apoya en una trama que combina auditorías internas, faltantes de stock y el hallazgo de medicamentos fuera del circuito hospitalario. La investigación analiza cómo anestésicos que no se venden en farmacias ni circulan por canales habilitados aparecieron en domicilios particulares, y que ese rastro fue clave para orientar la hipótesis del desvío.
Aunque el caso hoy se conoce popularmente como “Propofol” o “Propofest”, el corazón judicial del expediente no es una etiqueta mediática sino una pregunta concreta: cómo salieron esas drogas del Hospital Italiano, quiénes tuvieron acceso, durante cuánto tiempo habría ocurrido y cuál fue el rol de cada involucrado. El período investigado se estimaría entre 2023 y febrero de 2026, y que todavía no está determinado el volumen total de fármacos que habrían sido desviados. También se detalló que, en el procesamiento, el juez le atribuye a Boveri un “rol protagónico” por su jerarquía y acceso, y a Lanusse un rol más secundario.
Para la Justicia, el embargo y la prohibición de salida cumplen dos funciones básicas: por un lado, asegurar que los imputados permanezcan a disposición del proceso; por el otro, garantizar un eventual resarcimiento o responsabilidades económicas si el caso avanzara hacia una condena o acuerdos judiciales. En ese marco, el juez eligió un mensaje inequívoco: sin prisión preventiva, pero con medidas patrimoniales y de circulación suficientemente severas como para marcar que el expediente entra en una fase decisiva.
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