La investigación por la muerte del anestesista Alejandro Salazar sumó en los últimos días un capítulo clave: la reconstrucción de cómo reaccionaron Delfina Lanusse y Hernán Boveri cuando fueron confrontados por el robo de propofol y fentanilo del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Según reveló el abogado de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), Eduardo Gerome, ambos profesionales reconocieron el hecho ante las autoridades institucionales cuando fueron citados.
El dato resultó central en una causa que no solo busca esclarecer la muerte de Salazar —hallado sin vida en febrero en su departamento de Palermo, con una bomba de infusión conectada y drogas de uso hospitalario en la escena—, sino también determinar cómo esas sustancias llegaron fuera del circuito médico.
La reacción de Lanusse y Boveri
Gerome detalló que el primer indicio surgió a partir del propio Hospital Italiano, cuando detectó irregularidades en la trazabilidad de los medicamentos.
“Estamos al tanto de los audios porque tomaron estado público, nada más que por eso. Pero nosotros como asociación exigen de los componentes un comportamiento ético absoluto. Cuando se tuvo conocimiento que habían robado estas sustancias del Hospital Italiano, habla con los anestesistas y ellos reconocen el hecho. El Hospital Italiano inmediatamente hace la denuncia el 23 de febrero”, sostuvo.
Esa admisión, según explicó, se dio en el marco de las primeras conversaciones internas, antes de que el caso escalara judicialmente.
Luego, desde AAARBA avanzaron con su propio procedimiento. “Cuando nos comentan, nosotros tomamos conocimiento de esto, citamos de inmediato a los dos anestesiólogos (por Lanusse y Boveri) y en función de lo que nos dicen hacemos la denuncia el 25 de febrero. Quiere decir que apenas tomamos conocimiento se hizo la denuncia y se aportaron todos los elementos existentes porque precisamente la Asociación de Anestesia, lejos de querer proteger a los que no hacen lo que se debe, quiere que eso se investigue a full", explicó Gerome.
Y sumó: "Nos transformamos en denunciantes y aportamos toda la documentación. Ayer cuando el juez nos pidió por medio de la Policía que le entregáramos las actas que se habían realizado, inmediatamente la buscamos y se las dimos este y todo aquello que necesiten estamos dispuestos a dar, obviamente”.
De la admisión interna a la negación judicial
Sin embargo, el escenario cambió cuando el caso llegó a la Justicia. El juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera imputaron a Lanusse y Boveri por administración fraudulenta, cargos que ambos rechazaron en sus declaraciones indagatorias.
Ese contraste —entre el reconocimiento inicial en el ámbito institucional y la posterior negativa en sede judicial— se convirtió en uno de los puntos más sensibles del expediente.
Mientras tanto, las consecuencias laborales no tardaron en llegar. “A él no fue necesario echarlo porque renunció antes de que lo echen y la doctora Lanusse quedó de hecho también afuera. Porque el Hospital Italiano le quitó el carácter de residente y por ende no forma parte de la Asociación de Anestesia. Quiere decir que esos dos quedaron afuera”, explicó Gerome.
Un caso que sacudió al sistema de salud
La causa también incluyó a otra profesional, Chantal “Tati” Leclercq, quien no fue imputada pero quedó vinculada en la investigación. Sobre ese punto, el abogado señaló: “No es nuestra función la investigación".
Y continuó diciendo: "Creo que eso lo tiene que hacer la Justicia en función de los elementos que tiene. Nosotros acompañamos algo más. No solo hicimos la denuncia, sino que a los pocos días, apenas nos enteramos de las circunstancias de la muerte de este médico del Rivadavia, también tuvimos a otra anestesióloga del Rivadavia (por Tati Leclercq) que reconoció que había consumido junto con él... había consumido con Delfina Lanusse, la doctora Leclercq”.
Con el avance de la investigación, el caso dejó de ser un hecho aislado para transformarse en un escándalo estructural que expuso fallas en los controles de sustancias críticas dentro de instituciones médicas.
La reacción inicial de Lanusse y Boveri, reconocida por la propia asociación, y su posterior estrategia judicial marcaron dos momentos clave de una historia que todavía está lejos de cerrarse.
