La muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar continúa generando conmoción en la comunidad médica y derivó en una investigación que expone prácticas irregulares dentro del sistema de salud. El profesional, que se desempeñaba en el Hospital Rivadavia, fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo, y las pericias determinaron que falleció por una sobredosis en un contexto vinculado al presunto robo de fármacos.
A partir de ese hecho, la causa avanzó rápidamente y puso bajo la lupa a dos médicos: Hernán Boveri y Delfina Lanusse. Ambos quedaron imputados por su posible participación en la sustracción y utilización de sustancias como propofol y fentanilo fuera del ámbito estrictamente médico. No obstante, fuentes judiciales aclararon que, por el momento, no se los investiga como narcotraficantes ni “dealers” en el sentido penal clásico, sino por su presunto rol en estas maniobras.
En ese contexto, los dos profesionales fueron citados a indagatoria en fechas distintas, según trascendió: Boveri se presentó el 18 de marzo, mientras que Lanusse lo hizo el 25. Además, la Justicia dispuso medidas restrictivas, como la prohibición de contacto entre ambos y la imposibilidad de salir del país, en línea con la gravedad del expediente y la necesidad de evitar interferencias en la investigación.
Qué pasó con Delfina Lanusse y Hernán Boveri en la indagatoria
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la estrategia adoptada por cada uno frente al juez. Durante su indagatoria, Boveri optó por no declarar. El anestesiólogo hizo uso de su derecho a guardar silencio, una decisión legalmente válida pero que, en un caso de alto impacto público, no pasó desapercibida. Su postura, reservada y cautelosa, dejó abiertas múltiples especulaciones sobre el avance de la causa.
Por su parte, Lanusse eligió un camino completamente distinto. La residente decidió brindar un descargo verbal y anticipó que también presentará una declaración por escrito en los próximos días. En su exposición, hizo referencia a cuestiones personales y buscó posicionarse desde un lugar de víctima, intentando presentarse como víctima dentro del contexto investigado. Sin embargo, según trascendió, su relato no aportó elementos sustanciales directamente vinculados al eje central del expediente.
Mientras tanto, la investigación continúa avanzando con nuevas medidas de prueba. Uno de los puntos clave es el análisis del celular de Alejandro Salazar, que fue encontrado junto a su cuerpo al momento del hallazgo. El dispositivo, que se encuentra bloqueado, podría contener información relevante para reconstruir sus últimos movimientos y posibles vínculos con el circuito de fármacos.
Para ello, se solicitó la intervención de especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, quienes trabajarán en su desbloqueo y análisis. De esta manera, entre decisiones judiciales, estrategias defensivas opuestas y nuevas pruebas en análisis, la causa sigue sumando capítulos en una trama que mantiene en vilo tanto al sistema de salud como a la opinión pública.
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