La muerte de un joven soldado dentro del perímetro de la Quinta de Olivos sacudió este martes a la residencia presidencial y activó un amplio operativo judicial. El efectivo, de 21 años y perteneciente al Ejército Argentino, fue hallado sin vida con un disparo en la cabeza en uno de los puestos internos donde cumplía funciones de seguridad, lo que dio lugar a una investigación encabezada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Desde las primeras horas, personal de la Policía Federal Argentina y de Casa Militar trabajó en el lugar para preservar la escena y avanzar con las pericias de rigor. Si bien la causa se encuentra en una etapa inicial, la hipótesis que predomina es la de un suicidio, de acuerdo a fuentes con acceso al expediente.
Uno de los elementos clave que orienta la investigación es una carta hallada junto al cuerpo del joven soldado. Según trascendió, el escrito habría sido redactado por el propio efectivo y estaba dirigido tanto a sus compañeros de trabajo como a su familia. En ese mensaje, el militar hacía referencia a la difícil situación económica que atravesaba y señalaba que mantenía una deuda de consideración.
De acuerdo con información a la que accedió Infobae, el perfil comercial y crediticio del soldado registraba deudas impagas de distinta antigüedad por un monto cercano a los dos millones de pesos, distribuidas entre diferentes bancos y entidades financieras. El pago de su salario dependía de la Contaduría General del Ejército, mientras que la custodia de la Quinta de Olivos está bajo la órbita de Casa Militar, organismo que responde a la Secretaría General de la Presidencia.
El joven era oriundo de una localidad de la provincia de Misiones y se encontraba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, una de las fuerzas encargadas de la seguridad presidencial.
Según los informes preliminares, el disparo que le causó la muerte habría sido efectuado con un arma larga FAL, que fue encontrada junto al cuerpo.
En el lugar intervino la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, dependiente de la Policía Federal, que realizó las primeras actuaciones bajo las directivas del juzgado. Todas las medidas y la información recolectada hasta el momento ya fueron remitidas a la jueza Arroyo Salgado, quien supervisa el avance de la causa.
Mientras continúan las pericias criminalísticas, se dispuso que la autopsia sea realizada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. El traslado del cuerpo estaba previsto para las horas posteriores al mediodía.
La investigación sigue en curso y, por el momento, todas las hipótesis permanecen bajo análisis, a la espera de los resultados forenses y del examen completo de la documentación secuestrada.
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