El modus operandi de Marcelo Porcel (51) se basaba en un "patrón delictivo sistemático diseñado para captar la voluntad de los menores" y "anular sus defensas" mediante el uso de recursos económicos y "manipulación psicológica".
La investigación se centra en hechos ocurridos entre 2022 y 2024, comprende un total de diez víctimas del colegio Palermo Chico –aunque son nueve las familias querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos– y puede extenderse hacia atrás en el tiempo, abarcando otras víctimas y otros hechos.
En diálogo con GENTE, fuentes de la causa relataron, siempre a partir de testimonios de las víctimas, los pilares del accionar del empresario que fue concesionario de Oh! Buenos Aires.
Captación y el "coto de caza" escolar
Porcel es investigado por utilizar el entorno del Colegio Palermo Chico como una "carnada" para atraer a los compañeros de sus hijos. Según contaron las víctimas ante la justicia, cimentaba un vínculo "casi de pares" con los jóvenes, mimetizando sus conductas para ser visto como un igual, a pesar de ser el adulto responsable que ejercía la guarda fáctica durante los encuentros.
Tanto era así que incluso "llegaba a ponerse en la fila de la comunión con ellos para ser visto como un par". Hechos a partir de los que lograba ser visto como un "distinto" en comparación a los adultos de otras familias.
Anulación de la voluntad
El mecanismo principal para bajar los "frenos inhibitorios" de las víctimas, tal como se indica en la causa, era la inducción al consumo de alcohol y la entrega de dinero para realizar apuestas online ilegales.
"Una vez que los jóvenes estaban vulnerables, procedía a realizarles masajes", en ocasiones utilizando "cremas mentoladas" que la querella sospecha podrían haber contenido sustancias sedantes. "Las víctimas manifiestan que ese olor estaba presente permanentemente, incluido en el vestuario", explican.
Prácticas en las "sedes del horror"
Los abusos ocurrían en cuatro propiedades bajo su control. En su oficina laboral, "organizaba rondas de alcohol y les pedía que se desvistieran y corrieran desnudos por el lugar". En el Tambo Campazú, en Cañuelas, "se desnudaba frente a los chicos en los vestuarios" y lideraba actos como "comparar el tamaño de los genitales".
Según manifestaron los jóvenes menores de edad, las escenas montadas en torno al divertimento que diseñaba se tornaban abusivas cuando el empresario –que en esos momentos estaba bajo la guarda fáctica de los menores– les "ofrecía dinero para que se bajaran los pantalones" y les hacía "masajes que incluían tocamientos", incluso adelante de sus dos hijos.
El empresario habría realizado dichos masajes "con cremas mentoladas, que se suponen podrían haber tenido algún efecto del tipo opiáceo". En esas prácticas, indican los relatos, se producían tocamientos de genitales que, incluso, fueron expuestos frente a uno de los hijos de Porcel: "Che, tu viejo me tocó".
Con el pacto de silenciamiento diluído y un férreo acompañamiento de sus familias, los compañeros de los herederos de Porcel lograron contar lo sucedido ante la justicia.
Mecanismos de silencio y corrupción verbal
Porcel utilizaba dinero en efectivo o transferencias a billeteras virtuales como "moneda de cambio" para que los menores mantuvieran el secreto de lo ocurrido. Una de las expresiones más impactantes que trascendió es la que le habría dicho a uno de los chicos, asegurándole que para ser rico "tienen que dejarse tocar por otro adulto mayor". Esta frase expone lo que la querella considera el núcleo del acto corruptor, vinculando directamente el éxito económico con la sumisión sexual.
Según los testimonios que constan en la causa y revelaron fuentes a este medio, en reuniones que se extendían hasta altas horas de la madrugada, el empresario solía repetirles: "Tienen que estar abiertos a amar a un hombre". Estas palabras eran pronunciadas en contextos diseñados para anular la voluntad de los chicos, donde ya tenían sus frenos inhibitorios bajos debido a la inducción previa al consumo de alcohol y las apuestas ilegales.
El relato de las víctimas indica que el silencio era una pieza clave en su estrategia de control, utilizando el dinero y las transferencias en billeteras virtuales como una herramienta de coacción.
Registro audiovisual oculto y material hallado en uno de los celulares
Las fuentes del caso indican que el empresario "desplegaba narcisismo visual captando imágenes y videos de los menores sin su consentimiento". Se descubrió que "utilizaba cámaras de filmación ocultas, con lentes colocados estratégicamente frente a los vidrios traslúcidos de las duchas, para registrar a las víctimas desnudas".
De acuerdo con las fuentes, como resultado del peritaje de uno de los dos celulares del empresario, "se hallaron específicamente dos fotografías donde se observa el cuerpo de un menor totalmente desnudo". Estas pruebas resultaron irrefutables para la querella, ya que "el propio menor afectado y sus padres reconocieron su cuerpo en las imágenes obtenidas del dispositivo del empresario".
Junto a este material comprometedor, el peritaje reveló que el imputado almacenaba miles de fotografías familiares y material pornográfico, así como mantenía actividad en aplicaciones como Grindr. Según sumaron fuentes del caso, "se encontró material audiovisual de otro joven desnudándose en la oficina laboral de Porcel", lo que "sugiere una puesta en escena deliberada para el goce del agresor".
Una cuidadosa normalización
"Para evitar sospechas de los padres, Porcel utilizaba el celular de su esposa, María Eugenia Llorente" –quien muchas veces estaba presente en algunos momentos de los encuentros– para enviar mensajes a los grupos de chat de las madres asegurando que "estaba todo bien" y que los chicos estaban tranquilos.
Sus propios hijos eran utilizados como "un puente para los encuentros". Se reportó que, en ocasiones, los herederos del empresario "se daban vuelta en la cama para no ver lo que su padre les hacía a sus compañeros en la cama de al lado".
La intervención de la Defensoría de Menores sobre el hijo mayor de Porcel cuando todavía era menor es otro punto de inflexión, ya que la querella esperaba "que el joven pudiese declarar y revelar lo que presenció". Esa representación estatal ya no continúa debido a que el joven actualmente es mayor de edad.
En el día martes 3 de febrero, se hicieron los últimos peritajes psicológicos a las víctimas. Ahora el juez Carlos Bruniard debe definir si cita o detiene al acusado en una causa que podría ampliarse a nuevas víctimas.
