Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años, era soldado voluntario y estaba destinado a la custodia de la Quinta de Olivos. En los días previos al 16 de diciembre pasado, su vida cotidiana quedó atravesada por un elemento que hoy resulta central en la causa judicial: los audios que recibió en su celular. No fueron mensajes aislados ni conversaciones fortuitas, sino una secuencia sostenida de grabaciones intimidantes, diseñadas para infundir miedo, confusión y desesperación. Voces desconocidas, firmes y agresivas, que llegaban a cualquier hora y lo empujaban cada vez más a una situación sin salida.
La investigación, encabezada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, determinó que esas comunicaciones fueron enviadas por una banda de extorsionadores que operaba desde cárceles bonaerenses. El análisis forense del teléfono de Rodrigo permitió reconstruir con precisión el entramado de audios, llamadas y mensajes que lo tuvieron como blanco y que terminaron por quebrarlo emocionalmente.
El inicio del engaño y la primera voz acusadora
Todo comenzó con una conversación que Rodrigo creyó real. A través de la aplicación de citas Evermatch, entabló contacto con un perfil femenino que parecía auténtico. Hubo intercambio de mensajes y audios, en un tono cotidiano, hasta que el clima cambió de manera abrupta. De un momento a otro, recibió un audio furioso de una mujer que se presentó como la madre de una menor de edad y lo acusó de haber intentado mantener una relación inapropiada.
El tono de esa grabación fue clave. No se trató de un reclamo calmo, sino de una descarga violenta, cargada de insultos y amenazas. La voz elevaba el volumen, lo trataba de “degenerado” y aseguraba que ya estaba en camino a realizar una denuncia penal. Para los investigadores, ese primer audio funcionó como el disparador emocional: sembró el miedo inicial y colocó a Rodrigo en una situación de extrema vulnerabilidad, sin tiempo para reflexionar ni buscar ayuda.
A partir de ese primer audio, los demás comenzaron a sucederse con una lógica precisa. Cada mensaje reforzaba la idea de que su vida personal y profesional estaba en riesgo, que podía perder su carrera militar y que su familia quedaría expuesta a un escándalo judicial. El engaño no se basó solo en palabras, sino en la forma: voces convincentes, vocabulario jurídico y una puesta en escena que resultó verosímil para alguien sin experiencia legal.
“Para vos, ¿cuánto vale tu libertad?”
El siguiente paso fue todavía más perturbador. Rodrigo recibió audios de un hombre que decía ser policía de la Ciudad. Hablaba con seguridad, utilizaba términos técnicos y se presentaba como intermediario para “arreglar” la situación antes de que avanzara la denuncia. En uno de esos mensajes, que hoy forman parte central del expediente, lanzó la frase que sintetizó la extorsión: “Para vos, ¿cuánto vale tu libertad?”.
Esa pregunta no fue retórica. A partir de allí comenzaron las exigencias concretas de dinero. Los audios se volvieron más insistentes y urgentes, marcando plazos cortos y consecuencias graves si no cumplía. Rodrigo fue inducido a creer que pagar era la única forma de evitar una causa penal inexistente. Cada transferencia iba acompañada de nuevos audios, nuevas amenazas y nuevas demandas, en una escalada que no se detenía.
El 15 de diciembre, un día antes de su muerte, el hostigamiento alcanzó su punto máximo. Ese día, a las 17.24, Rodrigo mantuvo una llamada de más de diez minutos con uno de los extorsionadores. Minutos después realizó una transferencia de 213 mil pesos a una cuenta vinculada a allegados de la banda. Los audios posteriores no trajeron alivio: por el contrario, reforzaron la presión y dejaron en claro que el pago nunca sería suficiente.
Las voces que siguieron hasta el final
El análisis del celular reveló un dato estremecedor: incluso después de que Rodrigo tomara la decisión de quitarse la vida dentro de la Quinta de Olivos, su teléfono siguió recibiendo mensajes. Hubo audios preguntando por comprobantes de pago y llamadas perdidas desde los mismos números que lo habían extorsionado durante días. Para los investigadores, ese detalle expuso con crudeza el nivel de hostigamiento y la ausencia total de empatía de la banda.
La causa avanzó y, esta semana, culminó con la detención de siete sospechosos. Entre ellos, Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, compañeros de celda en la Unidad N°36 de Magdalena, condenados por robo y señalados como organizadores de la maniobra. Desde la cárcel, con celulares ingresados ilegalmente, grababan audios, simulaban identidades y coordinaban con cómplices externos que recibían el dinero producto de la extorsión.
Hoy, esos audios se convirtieron en una de las pruebas más contundentes del expediente. No solo permitieron identificar a los responsables, sino que mostraron cómo una secuencia de voces anónimas, construidas sobre mentiras y amenazas, fue capaz de desarmar emocionalmente a un joven soldado. El caso de Rodrigo Gómez dejó al descubierto el poder devastador de la extorsión psicológica y el impacto real que pueden tener, del otro lado de un celular, unas voces que nunca se apagan.
Mirá También
