El drama se instaló en la Ciudad Judicial de Tartagal, Salta, este miércoles, cuando una niña de tan solo 12 años, de la comunidad wichí, recurrió a una medida extrema: se encadenó al edificio por el terror de que la Justicia la forzara a abortar el bebé que lleva en su vientre, producto de un brutal abuso sexual.
La escena, cargada de desesperación, se desarrolló en medio de una citación judicial que la menor interpretó como la sentencia final para su embarazo de cinco meses. Acompañada de su madre y de Marcela Calermo, una respetada referente de su comunidad, la joven manifestó su rotunda decisión de continuar con la gestación.
Qué pasó realmente en Salta
Según trascendió, la niña había sido citada para prestar declaración testimonial en la causa penal por abuso sexual. La audiencia, planificada por medio de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para asegurar la máxima protección de la víctima, fue malinterpretada por ella como una convocatoria para obligarla a la interrupción legal de su embarazo.
La tensión se disipó con la rápida intervención de una psicóloga del Ministerio Público. Ella fue la encargada de explicarle a la niña que la citación era, exclusivamente, para que pudiera contar lo sucedido en el marco de la investigación. Tras despejar las dudas, la menor se tranquilizó y, con la asistencia de un intérprete y acompañamiento profesional, brindó su testimonio, permitiendo que la causa siguiera su curso.
La Causa Penal: Un Prófugo de 19 Años
Mientras el foco mediático se posaba en la dramática protesta de la menor, la Justicia de Salta aceleró la búsqueda del presunto agresor. El acusado es un joven de 19 años. La denuncia, presentada por la fiscal penal de Violencia de Género, tramita bajo la carátula de “abuso sexual con acceso carnal”.
El Juzgado de Garantías N°2 ya libró una orden de detención en su contra. El hecho ocurrió en un paraje rural de la región donde habita la comunidad wichí, y la menor quedó embarazada a consecuencia directa de la agresión.
"Jamás se la obligó": la palabra de las autoridades
Desde la esfera sanitaria, Patricia Leal, directora de Materno e Infancia de Salta, aportó claridad sobre el seguimiento del caso. Leal fue quien detectó el embarazo cuando la niña apenas cursaba ocho semanas de gestación, durante un operativo en la zona rural.
"Se le informó a la mamá que existen muchas posibilidades ante un embarazo, tanto continuar con la gestación como también la opción de la interrupción, porque así lo establece la ley, pero de ninguna manera se la obligó a abortar”, aclaró la funcionaria.
Debido a que los embarazos en menores de edad implican siempre un riesgo obstétrico, y considerando la lejanía de su residencia, la niña ha sido internada en la maternidad del hospital de Tartagal. Allí recibe un seguimiento exhaustivo por un equipo multidisciplinario que incluye tocoginecología, psicología, asistencia social y nutrición, para asegurar todos los cuidados necesarios.
Paula Tackzek, directora de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal, ratificó la postura institucional: “Una niña no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales, pero la ley no puede obligar a nadie a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad”.
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