La causa por el presunto desvío de fondos destinados a la fiesta de egresados de la Escuela de Comercio N.º 19 de Eldorado sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. La mujer denunciada por haberse quedado con el dinero recaudado por las familias solicitó formalmente no ser detenida y presentó un certificado psiquiátrico para justificar su inasistencia ante la Justicia.
Según informó el diario local Misiones Online, la presentación fue realizada ante el Juzgado de Instrucción N.º 2 por el abogado defensor de la acusada, Matías Sotelo, quien pidió la eximición de prisión mientras avanza la investigación. En el mismo trámite, el letrado adjuntó un informe médico que indica reposo psiquiátrico, emitido por una profesional de la salud y posteriormente validado por la Policía de Misiones.
Desde la defensa aseguraron que la mujer no se encuentra prófuga y que permanece en su domicilio junto a sus hijos. “La señora no está evadiendo a la Justicia”, sostuvo Sotelo, quien confirmó que su clienta ya fue notificada formalmente de la instrucción de la causa y que se puso a disposición del proceso judicial a través de sus representantes legales.
La denuncia penal fue presentada por padres de alumnos y da cuenta de un perjuicio económico que, según las actuaciones, ascendería a unos 25 millones de pesos, una cifra incluso mayor a la que trascendió en un primer momento.
De acuerdo con la investigación, la mujer integraba la comisión organizadora de la fiesta de egresados y tenía a su cargo la administración del fondo común, compuesto por los aportes mensuales de las familias durante el año. Ese dinero, sin embargo, no habría sido destinado al pago de los proveedores ni del salón donde debía realizarse el evento.
En el marco de la causa ya declararon varios padres y también el propietario del salón contratado, quienes aportaron documentación y comprobantes. Según relataron los denunciantes, el faltante se descubrió el mismo día previsto para la celebración, cuando confirmaron que solo se había abonado una seña inicial y que el resto de los servicios no estaban pagos.
Pese al impacto del caso y la indignación generada en la comunidad educativa, la fiesta de egresados finalmente pudo realizarse gracias a un acuerdo de urgencia entre los padres y los dueños del salón, que permitió reorganizar el evento para que los alumnos no perdieran su noche de egreso.
Mientras tanto, la causa continúa en etapa de instrucción. La Justicia analiza ahora el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa y evalúa el alcance del certificado médico incorporado al expediente, al tiempo que avanza la investigación para determinar responsabilidades penales por el presunto desvío de fondos.
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