La causa que investiga el robo de propofol y fentanilo en el Hospital Italiano de Buenos Aires sumó en las últimas horas un giro clave. El juez Javier Sánchez Sarmiento avanzó con una medida de peso contra Delfina “Fini” Lanusse y Hernán Boveri, los dos profesionales imputados por administración fraudulenta.
La novedad fue dada a conocer por el periodista especializado en policiales Mauro Szeta, quien informó en sus redes sociales: “PROHIBEN LA SALIDA DEL PAÍS DE LOS ACUSADOS DEL ROBO DE PROPOFOL Y SE CONOCE UN NUEVO AUDIO”.
En la misma línea, precisó: “La medida la dictaminó el juez Javier Sánchez Sarmiento”. Y agregó: “Delfina Fini Lanusse y Hernán Boveri están acusados de administración fraudulenta”.
La decisión judicial se conoció en un contexto de máxima tensión, atravesado por la reciente filtración de un nuevo audio que expuso presuntas prácticas irregulares con drogas de uso hospitalario y que volvió a sacudir al sistema de salud porteño.
Los detalles de la causa que sacude al sistema de salud
El expediente tuvo su origen en febrero, cuando el anestesista Alejandro Salazar fue hallado sin vida en su departamento del barrio de Palermo. En la escena se encontraron propofol y fentanilo, sustancias de uso estrictamente médico que habrían provocado una sobredosis.
A partir de la trazabilidad de los medicamentos, la investigación condujo hasta la farmacia del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se detectó el faltante de estos insumos. La institución confirmó el robo, inició un sumario interno y apartó a profesionales.
En el plano judicial, Lanusse —residente— y Boveri —anestesiólogo— fueron imputados por administración fraudulenta, aunque ambos negaron los cargos en sus declaraciones indagatorias.
En paralelo, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) se presentó como denunciante y aportó documentación a la causa, mientras que también se mencionó a otra profesional, Chantal “Tati” Leclercq, quien no fue imputada.
La reciente aparición de audios, que incluyen relatos sobre presuntas “propofest” y consumo indebido de estas sustancias, sumó un nuevo nivel de gravedad al caso.
En ese escenario, la medida dictada por el juez marcó un punto de inflexión y reforzó la hipótesis de que se trata de un entramado complejo, con múltiples aristas aún bajo investigación.
Mientras la causa avanza, el expediente sigue sumando elementos que podrían resultar determinantes para esclarecer no solo el origen del desvío de drogas, sino también las circunstancias que rodearon la muerte de Salazar.
Vale decir que en las últimas horas también se supo que tras la denuncia presentada el 25 de febrero, tanto el juez como el fiscal Lucio Herrera dispusieron otras medidas de importancia como allanamientos y prohibición de contacto entre los imputados.
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