En apenas 48 horas, dos decisiones íntimas sacudieron a Europa y encendieron un debate que trasciende fronteras: en la Toscana italiana, Libera —nombre ficticio— murió por suicidio asistido tras accionar con la mirada una máquina que le administró el fármaco letal. Fue solo un día después del caso de Noelia Castillo que le puso fin a un pedido de 601 días al recibir la eutanasia amparada por la ley española.
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El caso de Libera fue técnicamente pionero: al estar tetrapléjica, no podía autoadministrarse el medicamento, condición indispensable en Italia, donde la eutanasia está prohibida pero se contempla el suicidio asistido bajo supuestos muy estrictos. La solución llegó vía ingeniería pública: el Consejo Nacional de Investigación (CNR) construyó una máquina activada por la mirada que conectaba un puntero ocular a una bomba de infusión; así, fue la propia paciente quien inició el proceso, cumpliendo el requisito legal. La autorización definitiva llegó desde el Tribunal de Florencia después de más de dos años de idas y vueltas.
Aunque varios medios españoles titularon el caso como “eutanasia”, el encuadre jurídico correcto es suicidio asistido, precisamente por el elemento de autoadministración que habilitó la tecnología. El detalle no es menor: en Italia, la participación directa de un tercero en la administración del fármaco sigue siendo ilegal. De ahí que el dispositivo diseñado por el CNR —probado para Libera y entregado días antes del procedimiento— sea clave para entender por qué este caso marca un precedente.
Libera tenía 55 años y padecía esclerosis múltiple desde 2007, con un deterioro que la dejó inmovilizada del cuello hacia abajo. El itinerario judicial comenzó en marzo de 2024, cuando la autoridad sanitaria de Toscana rechazó su solicitud porque no podía accionar por sí misma el fármaco; en noviembre de 2025, un tribunal ordenó fabricar el equipo específico; y el 25 de marzo de 2026 se ejecutó el procedimiento, con acompañamiento de la Asociación Luca Coscioni, que da asistencia a quienes buscan ejercer derechos al final de la vida. Libera se convirtió así en la decimocuarta persona en Italia en acceder al suicidio asistido con supervisión médica.
A solo 1.000 kilómetros, Noelia Castillo —25 años, paraplejia y dolor persistente— recibía la eutanasia el 26 de marzo en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes (Barcelona), tras una batalla judicial que enfrentó su voluntad con la oposición de su padre, representado por Abogados Cristianos. En la última semana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó frenar el proceso, despejando el último obstáculo para ejecutar una prestación que la joven tenía concedida desde 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.
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La historia de Noelia, que decidió hablar en televisión —en el programa Y ahora Sonsoles (Antena 3)—, se convirtió en fenómeno social y mediático; su frase “quiero irme en paz y dejar de sufrir” quedó como síntesis de un caso en el que cinco instancias judiciales rechazaron los intentos de paralización. El procedimiento siguió el protocolo médico español: sedación e infusión de tres fármacos durante unos 15 minutos, según adelantó la crónica especializada.
Ambas historias están atravesadas por un sufrimiento acreditado y por evaluaciones médicas y jurídicas que confirmaron la capacidad de decidir de las protagonistas. Pero divergen en el gesto final: en España, la eutanasia requiere la acción del equipo médico; en Italia, el suicidio asistido exige que el paciente accione el mecanismo, incluso cuando, como Libera, no puede mover ninguna extremidad sin apoyo tecnológico. Esa diferencia —legal y técnica— explica por qué una cámara ocular puede convertirse en el elemento que separe lo permitido de lo prohibido.
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