El escándalo que sacude al sistema de salud porteño sumó en las últimas horas una nueva pieza que dio que hablar: un video en el que Hernán Boveri aparece con ambo, desde un entorno quirúrgico, promocionando un curso para colegas. La escena, que en otro contexto podría leerse como una invitación más dentro del circuito de formación médica, hoy se viralizó y se resignifica por completo: Boveri es uno de los nombres centrales de la investigación por el faltante de anestésicos del Hospital Italiano, un expediente que intenta establecer cómo propofol y fentanilo —drogas de uso estrictamente hospitalario— habrían salido del circuito interno para terminar en ámbitos privados.
En el clip que trascendió, el anestesiólogo se presenta y convoca a un evento “sin precedentes” en la región, con una frase que quedó grabada por el contraste con la causa judicial: “3 días a pura TIVA (Anestesia Total Intravenosa)”. El video promociona un encuentro asociado a EuroSIVA y precisa fechas y lugar: 15, 16 y 17 de mayo en el salón Palais Rouge, en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los puntos que mayor escándalo provocó es que la técnica de administración que allí se difunde —la anestesia intravenosa— es la misma que quedó bajo sospecha en el expediente que investiga el desvío y el uso irregular de anestésicos.
Para entender por qué ese video se volvió noticia, hay que volver al origen del caso. El 23 de febrero, el Hospital Italiano presentó una denuncia por la desaparición de anestésicos de uso restringido. El expediente tomó temperatura pública en paralelo a un hecho que encendió todas las alarmas: la muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista hallado sin vida en su departamento de Palermo, en una escena donde se encontraron medicamentos y elementos inyectables que, según la investigación, estaban vinculados al circuito interno del hospital. En el relato de las actuaciones y reconstrucciones periodísticas, el caso se apoya en un punto clave: propofol y fentanilo no se consiguen en farmacias y su trazabilidad debería permanecer en ámbitos asistenciales, de modo que su aparición fuera de ese circuito activó la sospecha de una sustracción.
La causa quedó radicada en la Justicia porteña y, con el avance de las medidas, se identificó a dos profesionales como imputados: Hernán Boveri (anestesiólogo) y Delfina Lanusse (residente). Según se informó, el juez de Instrucción Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera los indagaron en fechas diferentes y vía Zoom: Lanusse el 18 de marzo y Boveri el 25 de marzo, en el marco de la investigación por el faltante de propofol en el área de anestesiología. En esas audiencias, siempre de acuerdo con las fuentes citadas, ambos negaron los hechos y anticiparon presentaciones por escrito; en el caso de Boveri, se indicó que optó por no declarar en una de las instancias informadas.
Uno de los datos más sensibles —y a la vez más importantes para el encuadre penal— es que, al menos por ahora, la investigación no se orienta a narcotráfico, sino a figuras como administración fraudulenta o un eventual hurto/defraudación en perjuicio del hospital. En ese sentido, el expediente se tramita en el fuero ordinario porque el propofol no figura en el listado de sustancias estupefacientes sujetas a control, y por eso no pasó al fuero federal. En esa misma línea, el eje es determinar cómo esos fármacos habrían salido del sistema interno y llegado a ámbitos privados, con una imputación que puede contemplar penas de hasta seis años, según el tipo penal que termine aplicándose.
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