La trama que empezó como una muerte dudosa dentro del mundo médico porteño ya tiene otro capítulo judicial concreto: la residente de anestesiología conocida como Chantal “Tati” Leclercq quedó formalmente imputada en la mañana del lunes por la sustracción de anestésicos del Hospital Rivadavia, donde realizaba su residencia de especialización en Anestesiología.
Según indicó Infobae, esta novedad en el marco del escándalo por el uso extrahospitalario de drogas como propofol y fentanilo tanto para las famosas propofests como para consumo privado marca un punto de inflexión en el expediente.
La imputación no aparece aislada. Llega después de allanamientos, pericias sobre dispositivos electrónicos, reconstrucciones de movimientos y testimonios que la ubican dentro de un entramado que conecta el faltante de anestesia en hospitales, las llamadas “Propofest” y la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento con ampollas de sedantes de uso hospitalario.
Según consta en la causa, la imputación contra Leclercq se vincula específicamente con el robo de anestésicos, una línea de investigación distinta pero paralela a la que analiza el fallecimiento del médico. Ese doble frente judicial es clave para entender la dimensión del caso: no se trata sólo de reconstruir qué ocurrió aquella noche, sino de determinar cómo circulaban sustancias que deberían permanecer bajo estricto control sanitario.
La evidencia que fue clave en la imputación de Leclercq
Uno de los elementos que impulsó el avance del expediente fue el hallazgo de agujas descartables en el laundry del edificio donde vive la residente, un dato que reforzó la hipótesis de manipulación de insumos médicos fuera de un entorno clínico autorizado. Ese detalle, aparentemente menor, adquiere peso cuando se lo cruza con el resto del mapa probatorio que intenta establecer cómo se retiraban, trasladaban y eventualmente consumían anestésicos por fuera del sistema hospitalario.
En paralelo, la investigación reconstruyó vínculos personales y profesionales dentro del circuito sanitario que ya venían siendo observados por la Justicia. Leclercq compartía espacios laborales y sociales con Delfina "Fini" Lanusse, la residente de anestesiología que también quedó bajo la lupa judicial en el marco de la denuncia por faltantes de medicación en el Hospital Italiano. Ambas habían estudiado Medicina en la Universidad Austral y mantenían una relación cercana que aparece mencionada reiteradamente en el expediente.
La figura de Leclercq empezó a adquirir más notoriedad cuando fue señalada como una pieza de conexión entre distintos actores del caso. Su nombre apareció tanto en la causa por la muerte de Zalazar como en la investigación sobre la sustracción de propofol en hospitales porteños, dos líneas que avanzaban en paralelo hasta empezar a superponerse en los últimos días.
El miércoles pasado la allanaron en su casa del country Santa Bárbara, en Tigre: le secuestraron un celular y una tablet. Hoy, el presunto delito por el que está imputada por supuesto robo de anestésicos del Rivadavia es administración fraudulenta.
Su aparición en la escena de la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar
Otro elemento que complejiza su situación judicial es la reconstrucción de movimientos posteriores al fallecimiento del anestesista. Testimonios incorporados al expediente y registros de cámaras de seguridad la ubican dentro del departamento de la víctima después de su muerte junto a Fini Lanusse y otras dos mujeres. Incluso se investiga si manipuló el celular del médico en ese contexto, un punto todavía bajo análisis pericial.
Ese episodio se volvió especialmente sensible dentro de la investigación porque forma parte de la secuencia temporal que intenta determinar qué ocurrió en las horas posteriores al deceso y quiénes tuvieron contacto con la escena. Aunque esa línea todavía no derivó en imputaciones directas vinculadas al fallecimiento, sí consolidó el lugar de la residente dentro del radar judicial.
El escándalo del robo de propofol y fentanilo y los "viajes controlados"
Dos muertos en menos de seis semanas a cinco cuadras de distancia, ambos rodeados de fármacos que no tienen nada que hacer fuera de un quirófano. Una red de residentes que robaba propofol y fentanilo durante años. Un testigo que vio a una de ellas manipular el celular de la primera víctima antes de llamar a la policía. Y pericias que todavía no terminaron.
El origen de todo es el Hospital Italiano de Buenos Aires, en Perón 4190. Desde allí, según la investigación judicial, el anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina "Fini" Lanusse habrían sustraido propofol y fentanilo de manera sistemática entre 2023 y mediados de febrero de 2026, en lo que los investigadores describen como un "robo hormiga" que burlaba la trazabilidad de los fármacos mediante maniobras reiteradas. Ambos están imputados por administración fraudulenta. El Italiano ya los apartó del servicio.
Los fármacos tenían destino: fiestas privadas en domicilios de Palermo donde se ofrecían "viajes controlados" a hasta 3.000 dólares la sesión. La propuesta incluía propofol o fentanilo administrados con bomba de infusión, un médico que monitoreaba la respiración y alguien listo para actuar si aparecía apnea.
Lo que la investigación no pudo establecer todavía es la dimensión real de la red. Médicos y residentes consultados describieron las Propo Fests como reuniones de un grupo reducido pero con conexiones entre distintos hospitales porteños. Cuántos participaron, cuántos clientes externos pagaron por los "viajes controlados" y si hay otros hospitales comprometidos más allá del Italiano y el Rivadavia son preguntas que el juez Sánchez Sarmiento todavía no puede responder.
