La noche del domingo 12 de abril marcó un punto de no retorno en la causa que mantiene en vilo a Comodoro Rivadavia y al país entero. Es que pasadas las 21:30, la Policía de Chubut hizo efectiva la detención de Mariela Altamirano, la madre biológica de Ángel, y de su pareja, Maicol González.
El arresto se produjo luego de que la investigación penal, liderada por el fiscal Facundo Oribones, sumara pruebas contundentes que derrumbaron la versión inicial de una "muerte natural".
El destino de Ángel, el nene de solo 4 años que falleció tras ingresar al Hospital Regional con un paro cardiorrespiratorio el pasado 5 de abril, cambió de carátula cuando los médicos y peritos detectaron que su cuerpo hablaba de un sufrimiento previo.
Según los informes clínicos y forenses, el pequeño presentaba traumatismos en la zona craneal y golpes que databan de, al menos, diez días antes de su muerte.
Mariela, quien días atrás se defendía ante las cámaras con una frialdad que generó rechazo en la comunidad, hoy enfrenta una imputación por homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé la pena de prisión perpetua.
En aquel video que se volvió viral, la mujer había asegurado: “La verdad que estoy re mal porque han pasado muchas cosas que todavía yo no entiendo por qué me acusan de que yo lo maté a Ángel. Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí, lo busqué”.
Incluso, al ser consultada por las marcas en el cuerpo del nene, lanzó una frase que hoy suena a provocación frente a la evidencia: “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos a Ángel”.
Qué había dicho la madre de Ángel sobre el día de su muerte
Sin embargo, el relato de lo ocurrido aquella mañana de domingo en su casa de la zona de quintas no convenció a la Justicia. “Ángel se acostó en mi cama y la escuchamos dormir. Ángel estaba tranquilo, estaba durmiendo, le sentía roncar. Después lo revisamos de vuelta y mi marido me dice, 'no respira'”, había declarado la mujer.
La fiscalía sospecha que ese tiempo fue utilizado para otros fines; de hecho, la querella presentó pruebas de que los imputados habrían quemado prendas de vestir del niño para eliminar rastros biológicos y signos de violencia.
La versión del papá biológico de Ángel y de su mujer
El dolor de la familia paterna, que durante meses denunció el peligro que corría el menor, se transformó en un reclamo feroz de justicia. Lorena Andrade, la madre de crianza que cuidó a Ángel durante años antes de que la Justicia de Familia ordenara la restitución a la madre biológica en noviembre pasado, fue lapidaria: “Para él, yo era su mamá. Mi único delito es que yo no lo parí”.
Entre lágrimas, Lorena recordó el calvario de la entrega forzada: “No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos”.
En la misma línea, el padre biológico, Luis López, quien cargó el féretro de su hijo en un funeral desgarrador, sentenció ante la prensa: “Ellos lo mataron”.
La detención también se fundamentó en un concreto riesgo de fuga hacia Misiones, plan que habría sido gestionado por Altamirano. Mientras la pareja espera su indagatoria, la querella, representada por el doctor Roberto Castillo, amplió la denuncia contra magistrados y funcionarios del Servicio de Protección de Derechos, acusándolos de ser cómplices por omisión de un infanticidio previsible.
El caso de Ángel vuelve a poner bajo la lupa el cumplimiento de la "Ley Lucio" y la responsabilidad de un Estado que, según la familia, entregó al nene a un escenario de tortura.
