El lunes 23 de marzo, en el paraje La Punilla de la ruta nacional 68, a 17 kilómetros de Cafayate, Nicole Pocoví y Federico Maran dieron el "Sí, quiero". El escenario era, en rigor, de película: las formaciones rojizas de la Quebrada de las Conchas como telón de fondo. Una celebración montada sobre la tierra sagrada de una reserva natural protegida desde 1995 por la Ley Provincial 6806.
¿El dresscode? MET Gala. "Pensalo como una alfombra roja que sucede en medio del desierto norteño", convocaron los novios. "Diva con impronta campestre", tradujeron para quienes no entendieron. Un link con referencias, un itinerario a todo trapo y cuentas de banco para quienes desearan aportar dinero para su luna de miel disponibles en un sitio web especial para la ocasión. Los motivos por los que trascendió "la boda del año" ya están en boca de todos.
Los 110 invitados llegaron al lugar sin saber exactamente adónde iban: la pareja había diseñado un sitio web propio para el evento, bautizado "Cafayate Fantasy", donde anunciaba que el lugar de la ceremonia sería una "secret location" accesible únicamente en combis contratadas por ellos.
"Elegimos mantener en secreto el lugar porque creemos que hay algo sagrado en esa espera y en dejarse sorprender", rezaba la página. Lo que nadie calculó es que las fotos se iban a viralizar. Y que detrás de la estética instagrameable podía surgir un problema judicial de proporciones.
El papel trucho y la "firma robada"
Cuando el escándalo explotó en redes, una mujer identificada como Lucía Grajales Soriano salió a defender el evento. Se presentó como propietaria de una vivienda dentro de la reserva y aseguró que habían tramitado "todos los permisos pertinentes". "¿No puedo festejar la boda de un familiar en el fondo de mi casa?", preguntó desde su cuenta de Instagram, y encendió todavía más el debate.
El problema es que el permiso que exhibía era apócrifo. Lo confirmó sin vueltas Alejandro Aldazábal, titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, apenas tomó conocimiento del caso. "El papel que ella exhibía es un papel que no tiene membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy improlijo", dijo ante medios salteños. Y fue más lejos: "Sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada. No hay ninguna autorización que sea expedida con una foto, va siempre la firma".
La conclusión era inevitable: no hubo ninguna autorización oficial. La Secretaría de Ambiente no recibió solicitud formal alguna. "Para una sesión de fotos se pide la autorización, se hace la sesión, pero se le da toda una serie de recomendaciones. En este caso, no se pudieron hacer porque no la solicitaron", remarcó Aldazábal, que añadió una frase que resume el tono del Estado salteño ante el caso: "No autoricé nada, ese documento es falso. Actuaremos hasta las últimas consecuencias".
Denuncia penal y dos fiscalías en acción
El Ministerio de Producción y Minería de Salta formalizó la denuncia ante la Fiscalía Penal de Cafayate por presunta falsificación de instrumento público. La causa quedó en manos de la fiscal Sandra Rojas, que investiga "un posible delito relacionado al permiso que habría sido presentado como válido y cuya autenticidad se encuentra en duda".
En paralelo, la Unidad Fiscal Contravencional también dio directivas en relación a la realización del evento sin autorización administrativa, ya que el incumplimiento de las normas en áreas protegidas también tiene consecuencias en ese plano.
Según el Ministerio Público Fiscal de Salta, "ambas intervenciones avanzan de manera coordinada con el objetivo de establecer las responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en el plano penal como contravencional, en resguardo del orden público y la protección ambiental".
La municipalidad de Cafayate, a cargo de la intendenta Rita Guevara, también radicó su propia denuncia. Guevara fue explícita: hubo consultas previas por parte de los organizadores, pero no se completó ningún trámite formal. "Tengo la obligación de salvaguardar los espacios, el ambiente y las reservas", señaló.
El municipio además advirtió en un comunicado oficial que el uso de luces y sonido potente en La Punilla afecta directamente el comportamiento de la fauna autóctona, y que la presencia de infraestructura y numerosas personas puede acelerar la erosión de las formaciones rocosas que hacen de este paisaje uno de los más singulares de Argentina.
La multa que viene y los guardaparques que no pudieron entrar
La situación puso al descubierto una de las grietas más incómodas del sistema de control en áreas protegidas: el equipo de guardaparques de Cafayate llegó al lugar durante la celebración, pero no pudo ingresar porque se trataba de una propiedad privada dentro de la reserva. Se limitaron a supervisar que el impacto no se extendiera más allá de los límites del predio. La escena habla por sí sola sobre los márgenes reales de intervención del Estado cuando el terreno es privado aunque esté en zona protegida.
Ahora, el gobierno provincial prometió que la sanción económica va a ser proporcional al escándalo. "Lo suficientemente duro como para que no vuelva a suceder", anticiparon desde la Secretaría de Ambiente. La multa tiene respaldo en la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas, que establecen la obligatoriedad de una evaluación de impacto ambiental previa a cualquier intervención, con documentación técnica y verificación de condiciones del sitio. El monto específico lo determinará el proceso administrativo en curso, que podría complementarse con medidas de recomposición ambiental si la autoridad competente así lo exige.
El lujo, las redes y la pregunta que quedó flotando
Los invitados de Nicole y Fernando y los propios novios –que hoy tienen cerrados sus perfiles– inundaron las redes con las imágenes de la boda. Así es que la historia salió a la luz. Los colores de la ambientación y el contraste del blanco con el rojo de las rocas y la atmósfera de la "Cafayate Fantasy" de cuatro días que comenzó el viernes 20 cuando los invitados llegaron a la capital de la provincia. Había abogados entre los presentes. Y un juez de la Corte Suprema, según detalló la organizadora del evento en diálogo con Radio Cafayate. No es un dato menor en un caso que hoy investigan dos fiscalías.
La defensora del evento, Lucía Grajales Soriano, insistió en que "era un evento en una propiedad privada dentro de una reserva, pero se respetaron todas las leyes". Aldazábal, el secretario cuya firma fue falsificada, no está de acuerdo. Y la fiscal Sandra Rojas tiene la última palabra. Por lo pronto, más de un centenar de personas en el corazón de una quebrada cuyas formaciones geológicas tardaron millones de años en formarse alcanzaron para que todos estemos hablando de una presunta impunidad sin precedentes.
