La causa contra el empresario Marcelo Porcel (51), identificada bajo el número 36.627/2024, mantiene conmocionado a la comunidad del Colegio Palermo Chico. Tras casi 20 meses de una investigación que ya suma más de 1.300 fojas, el expediente revela una trama de manipulación, recursos económicos puestos al servicio de supuestos abusos sexuales a menores y una serie de maniobras judiciales que mantienen en vilo a nueve familias.
Dos de los afectados ya han alcanzado la mayoría de edad y asumieron formalmente su rol como querellantes, mostrando una "tenacidad fundamental" en el proceso. El objetivo es que las recientes entrevistas psicológicas permitan determinar la entidad del daño psíquico sufrido por el "acto corruptor".
A continuación, los puntos fundamentales para entender el estado de la investigación.
1. El colegio como "coto de caza": el modus operandi de captación
Según las denuncias, Porcel utilizaba el entorno escolar y a sus propios hijos como "carnada" para atraer a sus compañeros a un círculo de confianza. El empresario lograba mimetizarse con los jóvenes, generando un vínculo "casi de pares" y mostrándose como el adulto responsable a cargo del grupo.
Para derribar los frenos inhibitorios de las víctimas, según los testimonios, el imputado "inducía al consumo de alcohol, "ofrecía dinero para apuestas online y organizaba encuentros nocturnos, algunos en presencia de la esposa del empresario". Según manifestaron los jóvenes menores de edad, las escenas montadas en torno al divertimento que diseñaba se tornaban abusivas cuando el empresario –que en esos momentos estaba bajo la guarda fáctica de los menores– les "ofrecía dinero para que se bajen los pantalones" y les hacía "masajes que incluían tocamientos", incluso adelante de sus dos hijos.
"Che, tu viejo me tocó", le dijo un joven al heredero mayor de los Porcel en lo que significó un difícil rompimiento del pacto de silencio bajo el que todos estuvieron sumidos entre 2024 y 2025, según se consigna en la causa.
2. Las "sedes del horror": los cuatro escenarios de los presuntos abusos
Según consta en la causa, las locaciones donde se desarrollaban los encuentros del empresario con los menores –a quienes según fuentes del caso, a menudo terminaba dándole masajes y tocamientos, bajo el consumo de alcohol y la promesa de dinero– eran cuatro.
Uno, el domicilio particular familiar (en Godoy Cruz al 3000), donde residía con su esposa, María Eugenia Llorente – "quien estaba al tanto de la particularidad de los encuentros, aunque se desconoce si estaba en conocimiento de lo que ocurría". El segundo era un departamento heredado que perteneció a la madre de Porcel (en De María al 4500), "donde los llevaba a tomar alcohol, darles dinero para apuestas".
El tercer lugar donde se dieron los hechos fue la oficina laboral del empresario (en Avenida de Libertador al 600), que era punto central de los encuentros que organizaba con los menores, "especialmente los sábados y domingos por la noche".
La cuarta sede y escenario de sus "vejaciones" era el Tambo Campazú, en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. "Porcel llevaba a los chicos ahí, donde había una pileta. El tipo se desnudaba frente a los chicos en los vestuarios y se medían los pe...", detallaron las fuentes, entre otros detalles.
3. Pruebas digitales: fotos de cámaras ocultas y "narcisismo visual"
De acuerdo con las fuentes, como resultado del peritaje de uno de los dos celulares del empresario, se hallaron específicamente dos fotografías donde se observa el cuerpo de un menor totalmente desnudo. Estas pruebas resultaron irrefutables para la querella, ya que "el propio menor afectado y sus padres reconocieron su cuerpo en las imágenes obtenidas del dispositivo del empresario". Según explicaron, ese material habría sido "captado con una cámara de filmación oculta, lente directamente colocado al frente de las dos hojas de vidrio traslúcidas del cuadro de ducha".
Junto a este material comprometedor, el peritaje reveló que el imputado almacenaba miles de fotografías familiares y material pornográfico, así como mantenía actividad en aplicaciones como Grindr. En el mismo peritaje se encontró material audiovisual de otro joven desnudándose en la oficina laboral de Porcel, lo que refuerza la teoría de un "narcisismo visual" y "sugiere una puesta en escena deliberada para el goce del agresor".
A esto se suma la "pista de las cremas mentoladas", elementos que los menores mencionaron y que se sospecha podrían contener sedantes, aunque no fueron secuestrados en los allanamientos iniciales.
4. Maniobras de dilación: el apoderado "fantasma"
La querella, liderada por Pablo Hawlena Gianotti, denunció maniobras para entorpecer la causa. Recientemente, un hombre llamado Javier Alberto García Porcel se presentó como apoderado de las empresas familiares (Campazú S.A. y Maripa S.A.) invocando un poder supuestamente firmado en 1995 por el padre del imputado, quien ya había fallecido para esa fecha, a la hora del pedido de la devolución de los efectos personales del empresario.
Según explicó el abogado querellante ante GENTE, el apoderado señaló en el escrito que el único dispositivo que usaba el empresario era una computadora "all-in-one" y que el resto de las computadoras y pendrives "eran utilizados por otros empleados de la empresa, detalle que no pudieron probar".
Además, la defensa ha sido señalada por dilatar los peritajes psicológicos, como ocurrió con "la ausencia de su perito de parte, lo que impidió finalizar las evaluaciones de uno de los menores".
5. La palabra del defensor de Marcelo Porcel
Por su parte, en comunicación con GENTE, Roberto Rallin, defensor del empresario Marcelo Porcel, destacó semanas atrás que "no existe ni siquiera llamado a prestar declaración indagatoria" y resaltó que, en las versiones periodísticas, "se construyen hipótesis fácticas basadas en meras conjeturas sobre elementos que no existen". Por ejemplo, se refirió a "la alusión al uso de una crema que jamás fue hallada ni secuestrada".
Además, el abogado señaló que "la existencia de supuestos registros fotográficos y fílmicos de menores no surge de ninguna constancia en el expediente" y que "no hay hechos acreditados ya que no existe una sentencia firme ni respaldo documental verificable".
Mientras tanto, el proceso avanza hacia la finalización de los peritajes psicológicos, paso administrativo que el juez considera indispensable antes de decidir sobre la detención o citación del empresario.
Cabe recordar que la causa es investigada por el fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1, junto con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, a cargo de Carlos Bruniard. La investigación se centra en hechos ocurridos entre 2022 y 2024, comprende un total de diez víctimas del colegio Palermo Chico –aunque son nueve las familias querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos– y puede extenderse hacia atrás en el tiempo, abarcando otras víctimas y otros hechos.
