El complejo entramado judicial que rodea a Marcelo Porcel (51) ha sumado un nuevo y polémico capítulo. Mientras el imputado enfrenta graves acusaciones (por presunto abuso sexual agravado, prostitución de menores – "por ofrecer y pagar dinero para lograr la desnudez de los menores"–, corrupción de menores agravada y producción y tenencia de imágenes de menores de contenido sexual), es protagonista de un nuevo giro.
Recordemos que diez chicos del colegio Palermo Chico lo denunciaron por abuso y, que según expresó la defensa de los menores, es un caso que puede ampliarse a más víctimas.
En noviembre pasado, un mes antes de que se haga pública la causa, el empresario radicó una denuncia por extorsión que la querella no duda en calificar como una "situación montada". Bajo el expediente 51986/25 en el Juzgado Federal número 2 de San Martín, a cargo de la doctora Alicia Vence. A continuación, la palabra de la querella, en los dichos de Pablo Hawlena Gianotti ante GENTE.
Los hechos: un llamado extorsivo y un operativo en un local de comidas rápidas
De acuerdo con la denuncia presentada, todo comenzó el 18 de noviembre de 2025, minutos después de una audiencia en la que el juez no aceptó recibir a los padres, aunque sí recibió a la querella, a los defensores de Porcel y a la Defensoría de Menores número 2. Según consta en el expediente, a las 10:23 de la mañana, inmediatamente luego de finalizada la audiencia, Porcel denunció que es víctima de persecución y que lo extorsionaron.
Según lo denunciado, el empresario recibió una llamada extorsiva. El interlocutor, que se presentó falsamente como miembro de la Policía Federal Argentina, afirmó haber sido contactado por una mujer –a quien señaló como querellante en la causa– la cual le habría ofrecido dinero para iniciar una campaña de desprestigio. Quien se contactó aseguró tener acceso directo al expediente "por haber intervenido en la causa" y afirmó de manera intimidatoria conocer todos los detalles, "incluyendo la cantidad de menores involucrados y el desarrollo de la audiencia". La amenaza incluía la divulgación de datos sensibles de la causa.
El relato de Porcel indica que precisamente en el llamado le habrían exigido inicialmente 20.000 dólares a cambio de no difundir información del caso en los medios de comunicación. En una segunda comunicación, la suma habría ascendido a 30.000 dólares.
"Si nuestro defendido no mejoraba la oferta (...) se procedería a difundir datos de la causa y a hostigar a su entorno familiar, mencionando con precisión quirúrgica las actividades comerciales de sus hermanos y su estructura familiar", precisa la denuncia presentada por la defensa del empresario. A cambio de ese monto, la persona que se contactó por la extorsión habría prometido revelar quién los habría contratado.
Porcel afirmó que la persona conocía la existencia de la causa "con seis menores", estaba al tanto "de los tiempos de la audiencia" y utilizó el temor para doblegar su voluntad.
La situación derivó poco después en un operativo policial en un local de McDonald’s cercano a la sede judicial. Allí, en medio de un intento de cobrar la extorsión millonaria, Sol Daiana Rodriguez fue detenida de inmediato, junto al chofer del Uber en el que se trasladaba, por personal de las fuerzas de seguridad. La investigación continúa en trámite para determinar a los presuntos responsables intelectuales.
La postura de la querella: "¿Denuncia falsa?"
Para el abogado de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, este evento de incriminar en los hechos a los padres de los jóvenes no es más que una maniobra de distracción. Según refiere el letrado, Porcel se presenta como víctima de persecución y de esta "denuncia supuestamente falsa" con un objetivo claro: "descalificar a los padres y quedar como víctimas" ante los ojos de la justicia.
Desde la querella se sostiene con firmeza que se trata de una "situación montada por Porcel para demostrarse víctima". Porcel ha señalado directamente a los padres querellantes como los autores de la extorsión, enfocando sus acusaciones especialmente en uno de ellos.
Un detalle que ha encendido las alarmas de los representantes de las víctimas es la aparición de información detallada sobre esta denuncia en diversos portales de noticias, incluyendo una nota que mostraba la foto de un abogado del equipo aseverándose que estaba siendo investigado por el juzgado federal como principal sospechoso. Según la querella, la estrategia es "instalar una narrativa pública favorable al imputado antes de que la justicia pudiera expedirse sobre la veracidad de la extorsión".
Ante esto, Hawlena Gianotti y su equipo manifestaron haberse puesto a disposición de la jueza Vence para prestar las declaraciones correspondientes que permitan “aclarar completamente los hechos que denuncia Porcel” y, según su postura, desarticular lo que consideran una construcción falaz. Este nuevo frente judicial mantiene en alerta a las familias, que interpretan este movimiento como “un intento de desviar la atención de la causa principal y de las graves acusaciones que pesan en su contra”.
En relación a la causa principal que se centra en hechos ocurridos entre 2022 y 2024, comprende un total de diez víctimas del colegio Palermo Chico -tres de esos menores ya son querellantes por ser mayores de edad– y puede extenderse hacia atrás en el tiempo, abarcando otras víctimas y otros hechos.
El martes 3 de febrero comenzaron los últimos peritajes psicológicos a las víctimas. Ahora el juez Carlos Bruniard debe definir si cita a indagatoria y detiene a Porcel en una causa que podría ampliarse a nuevas víctimas.
