El lunes 6 de abril, el juez Carlos Bruniard cargo de la causa CCC N°36627/2024 dictó el procesamiento de Marcelo Eduardo Porcel (51) por tres delitos que concurren entre sí: abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de trece años y aprovechando la situación de guarda, en forma reiterada a diez damnificados; corrupción de menores de trece años, también en forma reiterada; y producción de representaciones de un menor de dieciocho años con fines predominantemente sexuales.
Los tres cargos, en su combinación legal, abren la puerta a una eventual condena a prisión perpetua. Paradójicamente, el mismo fallo que formalizó la acusación más grave permitió que el imputado permaneciera en libertad, sin prisión preventiva ni arresto domiciliario.
Las medidas dispuestas: embargo, restricciones de acercamiento y prohibición de salir del país
Lo que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 sí ordenó fue un embargo sobre los bienes de Porcel por $111.564.950. Y un conjunto de restricciones que ya estaban vigentes: prohibición de acercarse a menos de 300 metros de las víctimas, sus hermanos y sus progenitores, y de tomar contacto con ellos por cualquier medio.
Como novedad, el fallo incorpora la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización judicial, con prohibición de salida del país. Porcel deberá entregar su pasaporte dentro de las 24 horas de notificado, bajo apercibimiento de detención inmediata. La Dirección Nacional de Migraciones será notificada.
La querella apelará “a la no detención”: la palabra del abogado de las víctimas
A casi de que la causa cumpla dos años de investigación, Pablo Hawlena Gianotti, abogado querellante de las nueve familias denunciantes, anticipó a GENTE que apelará la decisión de mantener la libertad: "Apelaremos la no detención”.
No es la primera vez que la querella pide la detención del empresario. Ya lo había hecho en etapas anteriores del proceso, sin éxito. El procesamiento, con sus tres cargos concurrentes y su potencial de condena perpetua, refuerza ahora los argumentos para insistir ante la Cámara.
Gianotti también había anticipado que sostendrá ante la Cámara la participación necesaria de María Eugenia Llorente, esposa de Porcel, bajo el argumento de que también era guardadora de los menores. Según la querella, Llorente sabía y permitía que su esposo utilizara su celular para persuadir a las madres de los amigos de sus hijos para que los dejaran ir al departamento y al campo.
Diez víctimas, casi dos años de investigación y un dato desconocido hasta ahora
El procesamiento cierra una etapa de instrucción que se extendió por casi dos años desde la primera denuncia, radicada el 5 de julio de 2024. A lo largo de ese período, diez jóvenes –amigos de los hijos de Porcel, que al momento de los hechos eran menores de edad– declararon en Cámara Gesell y describieron un patrón que se repetía en el domicilio familiar en Godoy Cruz 3046, un departamento en la calle De María, la oficina de Avenida del Libertador y el Tambo Campazú en Cañuelas, pero también en otros lugares.
Según consta en el expediente, los abusos por los que se procesó a Porcel también habrían tenido lugar en Roma (Italia) y Punta del Este (Uruguay). "Cuando veníamos presentando los escritos y pidiendo las detenciones y la indagatoria, siempre dejamos planteada la comisión de delitos en extraña jurisdicción", explicó Hawlena Gianotti.
Una denuncia penal que la defensa de las víctimas venía analizando cómo presentar ya que, según pudo saber GENTE, "el empresario no solo habría coincidido en viajes fuera del país con los menores: habría procurado que eso ocurriese cuando se enteraba que alguno de los compañeritos y sus familias también viajaban a ciertos destinos".
"Tenemos que esperar y ver si efectivamente se consolida y se confirma que el juez puede investigar y, en este caso, procesar por delitos cometidos en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y en Punta del Este", dijo en exclusiva a GENTE Hawlena Gianotti. En relación a los hechos mencionados en Italia, "esta semana iba a ser radicada allí la denuncia".
Según los testimonios recabados, el mecanismo incluía alcohol, apuestas online, cámaras ocultas en duchas, masajes con presuntas sustancias sedantes y tocamientos en los genitales. En el expediente constan fotografías de al menos un menor desnudo en la ducha, captadas mediante cámaras ocultas y reconocidas por la familia y por el propio joven. Ese hallazgo sustentó el tercer cargo del procesamiento: producción de representaciones de un menor con fines sexuales.
El punto ciego: sin nuevas pericias sobre el material digital
Uno de los flancos abiertos que la querella no logró cerrar antes del procesamiento es la profundidad del análisis forense sobre los dispositivos secuestrados. En febrero, el fiscal rechazó el pedido de ampliar el peritaje sobre computadoras, memorias externas y pendrives incautados en los allanamientos.
La querella sostenía que el hallazgo de imágenes de menores habilitaba a investigar una posible circulación de ese material fuera del ámbito privado del imputado. El rechazo fiscal dejó esa línea de investigación sin desarrollo.
Con el procesamiento dictado y la apelación de la querella en camino, la Cámara deberá resolver si Porcel continúa en libertad mientras el expediente avanza hacia el juicio oral.
Las familias de las diez víctimas, que llevan casi dos años esperando una respuesta del sistema, aguardan ese pronunciamiento con la misma pregunta que atraviesa toda la causa: si los cargos son suficientemente graves, por qué la libertad sigue siendo la regla.
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