La causa que estremece al entorno del Colegio Palermo Chico, que investiga hechos de abuso sexual y corrupción de menores, entra en una fase de definiciones críticas. En esta nota exclusiva, el abogado querellante de las víctimas y sus familias y fuentes del caso revelan en diálogo con GENTE datos inéditos y "maniobras procesales que rozan lo inverosímil".
Del insólito episodio del "apoderado que presentó un poder firmado por un muerto" y "la estrategia de la defensa del empresario para desvincular dispositivos electrónicos clave", a los pormenores de los peritajes psicológicos que podrían cambiar el destino del empresario Marcelo Porcel (51).
Además, cómo los allanamientos positivos en dos de las cuatro "sedes del horror" (la oficina laboral, en Avenida del Libertador 602, y el domicilio familiar, en las torres de Godoy Cruz 3046) y detalles relacionados a la devolución de efectos personales del imputado permitiría arrojar luz a una historia silenciada durante casi 20 meses.
El "apoderado fantasma" y el poder firmado por un fallecido: ¿Quién es Javier Alberto García Porcel?
La causa principal, identificada bajo el número 36.627/2024, sumó recientemente un capítulo inesperado en el llamado "incidente número 2 de devolución de efectos". En este marco, un hombre llamado Javier Alberto García Porcel se presentó ante la justicia alegando ser el director y apoderado de las firmas familiares Campazú S.A. y Maripa S.A.
Lo más impactante, según denuncia el abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti, es que "el sospechoso invocó un poder que supuestamente le otorgó el padre del imputado en el año 1995, una fecha en la que el otorgante ya había fallecido". Este dato, que hasta ahora no había trascendido, pone en duda la legitimidad de toda la presentación realizada para recuperar material secuestrado en los allanamientos.
Además de esta irregularidad temporal, García Porcel no adjuntó copia de su DNI al expediente, un requisito básico para acreditar identidad en cualquier causa judicial. El abogado de las víctimas impugnó la presentación reclamando que el peticionante demostrara su personería y legitimación, pero el fiscal inicialmente no hizo lugar a estos reclamos.
Esta situación es comparada por la querella con "entregarle los objetos de un procedimiento policial a alguien que no tiene nada que ver" con el proceso. La persistencia de este apoderado en el expediente, a pesar de las inconsistencias, según Hawlena Gianotti, sugiere "un intento desesperado por retirar del control judicial elementos que podrían ser incriminatorios".
Otro detalle curioso, suma el defensor de los menores de edad, es que el abogado que patrocina a este presunto apoderado es Emilio Cornejo Costas, un letrado de renombrado apellido en el ámbito jurídico. A pesar de la gravedad de la imputación, García Porcel desapareció del expediente tras las primeras impugnaciones, solo para reaparecer mediante escritos con firma ológrafa una vez finalizado el peritaje informático. Esta conducta procesal intermitente ha generado "mucho ruido" en la querella, que ve en estas acciones "una clara intención de entorpecer la investigación sobre el patrimonio y los dispositivos del empresario".
¿Qué dispositivos intentan desvincular de la escena del crimen?
En el pedido de devolución de los elementos secuestrados en la oficina de Avenida del Libertador 602, la defensa del empresario planteó una tesis llamativa: asegurar que el imputado solo utilizaba una computadora personal tipo "All-in-One" (todo en uno). Según el escrito presentado por García Porcel, el empresario no hacía uso de las otras computadoras, memorias portátiles ni los pendrives hallados en el lugar el 30 de septiembre de 2024.
Para sustentar esta versión, el apoderado ofreció el testimonio de cinco empleados técnicos que supuestamente acreditarían el uso exclusivo del resto de los dispositivos secuestrados, pero jamás se presentaron, por lo que "no pudieron acreditar esa circunstancia".
La oficina laboral, ubicada en el piso 22 de la torre mencionada, era según las denuncias el punto central de los encuentros nocturnos los fines de semana. Allí se habrían realizado "grandes rondas de alcohol" donde los menores eran inducidos a desvestirse y correr por el lugar bajo la promesa de dinero. A pesar de que la defensa de Porcel sostiene que los otros dispositivos pertenecen a las empresas del grupo familiar, "nunca presentaron facturas de compra ni pólizas de seguro que acreditaran la propiedad por parte de Campazú S.A. o Maripa S.A.".
"Si afirmás que lo secuestrado no es del imputado sino de una empresa, tenés que probarlo. Eso nunca ocurrió", explicó Hawlena Gianotti. Esta falta de documentación respaldatoria es una de las críticas más fuertes de la querella hacia la decisión del juez de formar un incidente de devolución.
Es fundamental destacar que durante el allanamiento el peritaje oficial de la Policía de la Ciudad se centró en buscar "explotación sexual infantil", una figura jurídica distinta a la de abuso sexual que persiguen los damnificados. La querella sostiene que "esta confusión técnica en los informes puede generar un equívoco peligroso en la opinión pública, sugiriendo que 'no se encontró nada' cuando en realidad se buscó la figura equivocada".
Mientras tanto, de los dos celulares personales de Porcel ya se han extraído fotografías donde se observa a menores desnudos en la ducha, captados presuntamente por cámaras ocultas. Según fuentes del caso, uno de los dos dispositivos "llamativamente no contenía fotos".
El allanamiento fallido en Cañuelas: ¿Por qué la policía no entró al Tambo Campazú?
Uno de los misterios de la causa es por qué el operativo en el Tambo Campazú, en Cañuelas, terminó en un fracaso absoluto. Según los reportes, la comisión policial se dirigió inicialmente a un campo incorrecto, donde una mujer les indicó que el establecimiento buscado estaba exactamente enfrente, a menos de 100 metros.
Increíblemente, en lugar de cruzar la calle para cumplir con la orden, los efectivos consultaron al Juzgado de Capital Federal y resolvieron cerrar la diligencia como "negativa". Esta omisión impidió que se secuestrara material en una de las sedes calificadas como escenarios de las supuestas "vejaciones".
El Tambo Campazú es una locación clave donde, según los testimonios de las víctimas, "Porcel se desnudaba frente a los chicos en los vestuarios"; se trataba de un entorno que le garantizaba posibilidad de control. Al no concretarse el ingreso para el allanamiento, se perdió la oportunidad de hallar elementos físicos que podrían haber corroborado los relatos de las víctimas sobre lo ocurrido en la pileta y los campos de la familia.
Este error procesal, calificado por las fuentes como una "anécdota" trágica, se suma a la falta de secuestro de las "cremas mentoladas" en otros domicilios, las cuales se sospecha "podrían contener sedantes u opiáceos". Los menores relataron sentir ese olor a menta persistente en los baños y durante masajes que Porcel les realizaba, prácticas en las que, siempre según los testimonios, hubo tocamiento de genitales.
A diferencia del fracaso en Cañuelas, los procedimientos en Godoy Cruz 3046 y Avenida del Libertador 602 fueron positivos y permitieron el secuestro de la tecnología que hoy está bajo peritaje. En el domicilio particular, Porcel convivía con su esposa María Eugenia Llorente, quien según relataron los jóvenes, "entraba y salía de la habitación" donde los menores consumían alcohol.
A pesar de las más 1.300 fojas de la causa, el empresario aún no ha sido llamado a indagatoria, lo que las familias de los jóvenes afectados consideran un hecho de "gravedad institucional".
Cabe recordar que la causa es investigada por el fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1, junto con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, a cargo de Carlos Bruniard. La investigación se centra en hechos ocurridos entre 2022 y 2024, comprende un total de diez víctimas del colegio Palermo Chico –aunque son nueve las familias querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos– y puede extenderse hacia atrás en el tiempo, abarcando otras víctimas y otros hechos.
Peritajes psicológicos en la mira: Las dilaciones de la defensa y el caso de la perito ausente
El calendario judicial marcaba el inicio de los informes psicológicos presenciales para los días 19, 20 y 21 de enero, un paso indispensable para que el juez pueda finalmente citar a indagatoria al empresario. Sin embargo, el proceso sufrió una interrupción deliberada cuando la perito de parte de la defensa de Porcel no se presentó a una de las evaluaciones.
Esta ausencia provocó que uno de los menores, que esperaba desde las 8:30 de la mañana, no pudiera completar su peritaje, el cual suele durar como máximo media hora. La querella denunció de inmediato este accionar ante la fiscalía como "una maniobra de dilación para ganar tiempo".
La revictimización de los jóvenes es una preocupación constante; por ello, se utilizan las Cámaras Gesell para evitar que deban repetir su historia múltiples veces frente a distintos funcionarios.
Dos de los afectados ya han alcanzado la mayoría de edad y asumieron formalmente su rol como querellantes, mostrando una "tenacidad fundamental" en el proceso. El objetivo es que las próximas entrevistas psicológicas permitan determinar la entidad del daño psíquico sufrido por el "acto corruptor".
Es importante recordar que el modus operandi de Porcel incluía mimetizarse con los menores, llegando incluso a ponerse en la fila de la comunión con ellos para ser visto como un par. Esta "manipulación psicológica buscaba que los hijos de sus amigos más cercanos perdieran sus frenos inhibitorios mediante el uso de dinero, apuestas online y alcohol".
La intervención de la Defensoría de Menores sobre el hijo mayor de Porcel cuando todavía era menor es otro punto de inflexión, ya que la querella esperaba "que el joven pudiese declarar y revelar lo que presenció cuando él y su hermano se daban vuelta para no ver lo que su padre les hacía s sus compañeros en la cama de al lado". Esa representación estatal ya no continúa debido a que el joven ya es mayor de edad.
El avance de estos últimos tres peritajes es lo único que hoy separa a Porcel de una posible indagatoria y detención, aunque no fueron condición imprescindible para ello.
Las pruebas que comprometerían a Porcel
De acuerdo con las fuentes, como resultado del peritaje de uno de los dos celulares del empresario, se hallaron específicamente dos fotografías donde se observa el cuerpo de un menor totalmente desnudo. Estas pruebas resultaron irrefutables para la querella, ya que "el propio menor afectado y sus padres reconocieron su cuerpo en las imágenes obtenidas del dispositivo del empresario". Según explicaron, ese material habría sido "captado con una cámara de filmación oculta, lente directamente colocado al frente de las dos hojas de vidrio traslúcidas del cuadro de ducha".
Junto a este material comprometedor, el peritaje reveló que el imputado almacenaba miles de fotografías familiares y material pornográfico, así como mantenía actividad en aplicaciones como Grindr. En el mismo peritaje se encontró material audiovisual de otro joven desnudándose en la oficina laboral de Porcel, lo que refuerza la teoría de un "narcisismo visual" y "sugiere una puesta en escena deliberada para el goce del agresor".
Mientras en el día de hoy los jóvenes están siendo entrevistados por los peritos, el entorno del colegio Palermo Chico sigue en estado de shock.
