El juez Carlos Bruniard procesó el lunes 6 de abril a Marcelo Eduardo Porcel (51) en la causa CCC N°36627/2024 por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (reiterado en diez casos), corrupción de menores de trece años (reiterado) y producción de representaciones de menores con fines sexuales. Los abusos fueron cometidos contra menores de trece años, aprovechando la situación de guarda.
Paradójicamente, el mismo fallo que formalizó la acusación más grave permitió que el imputado permaneciera en libertad, sin prisión preventiva ni arresto domiciliario.
Qué pasa con el procesamiento a partir de delitos presuntamente cometidos fuera del país
La perlita jurídica es que, en una decisión que podría abrir un debate técnico dentro del expediente, la Justicia avanzó sobre hechos presuntamente cometidos fuera del país.
Según explicó el abogado Pablo Hawlena Gianotti, el juez Bruniard aceptó investigar delitos que habrían ocurrido no sólo en el domicilio familiar en Godoy Cruz 3046, un departamento en la calle De María 4550, la oficina de Avenida del Libertador 602 y el Tambo Campazú en Cañuelas, pero también en otros lugares.
Según consta en el expediente, los abusos por los que se procesó a Porcel también habrían tenido lugar parcialmente en Roma (Italia) y Punta del Este (Uruguay), que se suman a las mencionadas "sedes del horror". Según pudo saber GENTE, "el empresario no solo habría coincidido en viajes fuera del país con los menores: habría procurado que eso ocurriese cuando se enteraba que alguno de los compañeritos y sus familias también viajaban a ciertos destinos".
Que se tengan en cuenta que los presuntos delitos habrían tenido parcialmente lugar en ciudades fuera del país se trata de un punto sensible desde el punto de vista jurídico: en principio, los delitos deben ser investigados por tribunales del lugar donde fueron cometidos. Por eso, la decisión genera expectativas y también posibles impugnaciones.
Qué plantea este nuevo escenario
En diálogo con este medio, Hawlena Gianotti explicó que la resolución abre un escenario poco habitual dentro del derecho penal. “El juez aceptó procesar por delitos cometidos en Punta del Este, Roma y Cañuelas”, señaló. Sin embargo, advirtió que se trata de una cuestión que todavía podría ser cuestionada dentro del proceso.
Esto se debe a que la regla general establece que cada jurisdicción debe investigar los hechos ocurridos en su territorio. Sólo en situaciones excepcionales –como delitos de lesa humanidad– puede intervenir un tribunal distinto.
"Cuando veníamos presentando los escritos y pidiendo las detenciones y la indagatoria, siempre dejamos planteada la comisión de delitos en extraña jurisdicción", explicó Hawlena Gianotti.
Qué significa investigar delitos cometidos en el exterior
Según explicó el especialista, la resolución judicial reconoce un posible patrón de conducta que se habría repetido en distintos países. Ese punto aparece mencionado en la parte final del fallo, donde se describe un mismo modo de operar vinculado a la personalidad del imputado.
“Lo que aparece es un mismo perfil de conducta en todos los lugares donde actuaba”, sostuvo Hawlena Gianotti. Ese elemento es central: permite justificar, al menos en esta etapa inicial, que la investigación avance de manera integrada. Sin embargo, no garantiza que la competencia judicial quede firme.
Antes de esta resolución, incluso desde la defensa se analizaba presentar denuncias en tribunales de Montevideo y Roma con el apoyo de abogados con matrícula en Europa. Pero el nuevo escenario judicial obliga ahora a esperar la consolidación de la competencia del magistrado argentino.
En términos jurídicos, si la medida se confirma, podría ampliar el alcance territorial de la causa. Si se impugna con éxito, en cambio, el expediente podría fragmentarse entre distintas jurisdicciones.
El artículo 1° del Código Penal consagra el principio de territorialidad, aplicando la ley argentina a delitos cometidos o cuyos efectos se producen en el territorio nacional o lugares bajo su jurisdicción. La teoría de la ubicuidad extiende esta aplicación a delitos configurados en múltiples espacios, abarcando aquellos casos donde cualquier etapa del iter criminis ocurre en territorio argentino.
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