La mañana del 11 de julio de 2024 quedó grabada como el inicio de una tragedia evitable en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Negro. Lo que se proyectaba como una intervención quirúrgica menor para tratar una hernia diafragmática, terminó con la vida de un niño de cuatro años.
"Valentín entró caminando al sanatorio y salió con muerte cerebral", es la frase que resuena entre sus allegados para describir la velocidad del horror.
Tras un proceso judicial bajo el sistema acusatorio adversarial, la Justicia determinó la responsabilidad penal de Javier Atencio Krause, el médico anestesiólogo de 46 años encargado de la vigilancia del menor.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, Krause incurrió en una distracción fatal: el uso del teléfono celular durante el procedimiento. Esta desatención impidió que el profesional notara una obstrucción tubo-endotraqueal, dejando al paciente sin el oxígeno vital para sus funciones básicas.
El fiscal Gastón Britos Rubiolo fue contundente en su alegato al describir la conducta del imputado: "El médico anestesiólogo imputado, por su impericia, negligencia, y por no tomar en cuenta la rigurosidad debida que indica el protocolo de actuación, causó la muerte de Valentín". Las pruebas técnicas, como las planillas del monitor multi-paramétrico, revelaron que el niño pasó 10 minutos críticos sin registros de presión arterial ni oxigenación.
"A raíz de una encefalopatía hipóxico isquémica, ocurrida durante la cirugía, atento a que omitió como anestesiólogo a cargo vigilar y prestar la atención anestésica en forma continua. El niño registró a las 10.50 del día 11 de julio un período anormal, conforme surge de la planilla del monitor multi-paramétrico, por un lapso de 10 minutos carente de registros de presión arterial y pulsioximetría, produciendo una taquicardia que le generó una hipoxia, cuestión que debía ser advertida por el médico aquí imputado", detalló el fiscal Rubiolo. Durante ese lapso, se comprobó que Krause incluso abandonó el quirófano para buscar un cargador.
Mientras la lesión cerebral se volvía irreversible, Ariana Toledo y Daniel Mercado, padres de la víctima, aguardaban en la sala de espera. Lo que siguió fue calificado por una psicóloga en el juicio como una "estafa emocional". Durante una semana, la clínica mantuvo una versión de esperanza que no coincidía con la realidad del cuadro.
El abogado querellante Miguel Angel Zeballo Díaz relató a la prensa: "Durante esos días hubo estudios, médicos y todo el tiempo le decían que tenía que estar tranquila, que debía esperar la evolución. Pero sabían lo que había pasado en el quirófano. Fueron siete días de incertidumbre, recibieron un trato muy cruel. Ariana pasó un momento que, como padre, nunca quiero pasar en la vida: con su hijo en brazos escuchó 'mami, lo vamos a desconectar'".
Finalmente, tras confirmarse el diagnóstico de muerte cerebral, la familia procedió a la desconexión. Ante la declaración de culpabilidad por homicidio culposo, la fiscalía solicitó tres años de prisión condicional y 10 años de inhabilitación profesional.
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