En la conversación pública, el escándalo quedó resumido en un título inquietante —“fiestas clandestinas con medicamentos robados”—, pero el corazón del caso es mucho más específico y, sobre todo, más alarmante: no se habla de sustancias callejeras, sino de fármacos diseñados para dormir a un paciente de manera controlada, bajo monitoreo y con equipos de soporte al lado de la camilla. En la investigación que se abrió tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar, los nombres que aparecen una y otra vez son propofol y fentanilo, dos drogas de uso hospitalario que, fuera de ese contexto, pueden transformarse en una ruleta rusa.
El propofol es un sedante/anestésico intravenoso utilizado para lograr una sedación profunda o inducir anestesia en procedimientos médicos. En la cobertura del caso, especialistas explicaron que se usa para dormir al paciente y, si es necesario, conectarlo a asistencia respiratoria dentro de un marco controlado. Por su parte, el fentanilo es un analgésico opioide de altísima potencia que suele emplearse para el manejo del dolor en anestesia y otras intervenciones.
Esa potencia es justamente lo que vuelve a ambos fármacos tan útiles en medicina —y tan peligrosos fuera de ella—: actúan rápido, con efectos profundos, y requieren cálculo, monitoreo y respuesta inmediata ante cualquier complicación.
¿Por qué su uso puede ser letal fuera del hospital?
El riesgo principal se resume en dos palabras: depresión respiratoria. Fuera de un quirófano o de una sala preparada, una administración indebida puede derivar en apnea (dejar de respirar), una situación que exige asistencia ventilatoria inmediata. En términos simples: estos fármacos pueden “apagar” el impulso de respirar. Y cuando eso ocurre sin monitoreo, sin oxígeno suplementario, sin personal y sin equipamiento listo, el desenlace puede ser fatal.
La muerte que destapó la investigación ocurrió el 20 de febrero de 2026, cuando Salazar fue hallado sin vida en su domicilio y, según la investigación, la causa estuvo vinculada a una sobredosis de propofol y fentanilo. En el lugar se hallaron además elementos compatibles con administración intravenosa y equipos asociados, lo que encendió alertas sobre el origen de esos fármacos.
A partir de la trazabilidad de los insumos encontrados, la pesquisa condujo al Hospital Italiano de Buenos Aires, que informó que realizó una denuncia por robo de estupefacientes, inició un sumario interno, adoptó medidas administrativas y señaló que las personas involucradas ya no desempeñan funciones allí. En su comunicación pública, el hospital también indicó que revisa el circuito de control y seguridad de estas sustancias para reforzar mecanismos de supervisión y prevenir hechos similares.
En paralelo, el caso avanzó en sede judicial: se informó que hubo indagatorias y medidas como allanamientos en domicilios de los investigados, en una causa que —al menos por ahora— se tramita en el fuero ordinario con una calificación vinculada a defraudación/administración fraudulenta en perjuicio de la institución.
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