El caso tuvo su primer disparador el 20 de febrero de 2026, cuando la policía halló sin vida a Alejandro Salazar en un departamento de la calle Juncal al 4600 y secuestró propofol, fentanilo y una bomba de infusión; la combinación letal de esas drogas —de uso exclusivamente hospitalario— y una vía intravenosa colocada orientaron la hipótesis de una sobredosis. La trazabilidad -forma de hacer seguimiento de un producto- de los frascos condujo al Hospital Italiano de Buenos Aires, que activó un sumario interno y luego hizo pública la confirmación de faltantes, con denuncia ante la Justicia.
En el frente judicial, el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera tomaron declaración vía Zoom a los dos profesionales señalados: Delfina Lanusse fue indagada el 18 de marzo y Hernán Boveri el 25, después de allanamientos en sus domicilios. Ambos negaron los cargos y anticiparon que presentarían escritos ampliando sus defensas, según confirmaron fuentes judiciales.
Según los primeros trascendidos sobre la indagatoria, ambos negaron los hechos y prometieron llevar adelante descargos por escrito. En paralelo, la institución médica remarcó que a partir de una denuncia interna activó procedimientos: apartó a las personas involucradas, radicó la denuncia y comenzó a revisar todo el circuito de control de estupefacientes, comprometiéndose a colaborar con la Justicia mientras avanza la instrucción.
Por ahora la causa se tramita en fuero ordinario como administración fraudulenta que habría causado un perjuicio patrimonial al Hospital Italiano por el desvío de propofol; no pasó al fuero federal porque el propofol no integra el listado de sustancias controladas por la ley de estupefacientes. Esa calificación es provisoria y podría variar si surgen nuevos elementos, pero al cierre de esta nota ése es el encuadre procesal que sostienen las fuentes judiciales.
Desde el plano institucional, el Hospital Italiano ratificó en un comunicado que “tomó todas las medidas necesarias” ante el robo de estupefacientes, que ninguna de las personas señaladas continúa en funciones y que se inició una revisión integral del circuito de control y seguridad de drogas críticas, además de ponerse a disposición del juzgado. Ese pronunciamiento fue difundido luego de que trascendiera la procedencia hospitalaria de los fármacos hallados en la vivienda del médico fallecido.
En el subsuelo del expediente circula una idea que crece y genera preocupación: las supuestas “Propo fest” o fiestas del propofol, reuniones privadas —en ocasiones de carácter sexual— y también pagas como “viajes controlados”, donde se habría dosificado propofol (y, a veces, fentanilo) con una suerte de “guardia” improvisada para ventilar manualmente apneas.
Más allá de las versiones que circulan, lo importante -en materia sanitaria- es que ni el propofol ni el fentanilo son “recreativos”. El primero es un anestésico/sedante IV, el segundo un opioide de altísima potencia; fuera del marco hospitalario y sin monitoreo, pueden provocar depresión respiratoria grave y paro en minutos. Ese punto —repetido por toxicólogos y asociaciones profesionales— explica por qué este caso impacta más allá del fuero penal y abrió, también, un debate sobre la trazabilidad y los controles en farmacias hospitalarias.
Tras las indagatorias, el juzgado debe resolver las situaciones procesales de Boveri y Lanusse (falta de mérito, procesamiento o sobreseimiento), y podría ordenar pericias complementarias y nuevas medidas de prueba antes de cualquier definición de fondo. Hasta entonces, rige la presunción de inocencia y la información oficial se canaliza por el expediente y los comunicados institucionales.
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