El caso estalló puertas adentro del sistema de salud porteño cuando, el 20 de febrero de 2026, la policía encontró sin vida a un joven anestesiólogo en un departamento de la calle Juncal al 4600; en el lugar había propofol, fentanilo y una bomba de infusión, indicios que orientaron de inmediato la hipótesis hacia una sobredosis de anestésicos de uso hospitalario.
La víctima fue identificada como Alejandro Salazar -o Zalazar-, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia. La combinación de drogas detectada —propofol y fentanilo— y el hallazgo de una vía intravenosa colocada reforzaron la presunción de una administración fuera de protocolo clínico.
Según los primeros datos trascendidos de fuentes sanitarias y policiales, Salazar alternaba su trabajo entre el Gutiérrez y guardias previas como residente en el Rivadavia, formando parte de un circuito profesional que lo mantenía activo en la red hospitalaria de CABA. Es justamente el cruce de su trayectoria —y los insumos que aparecieron en su domicilio— lo que encadenó la pista que más tarde llevaría al Hospital Italiano.
El punto de inflexión llegó cuando la trazabilidad de los frascos y descartables incautados en la vivienda condujo a la farmacia del Hospital Italiano de Buenos Aires. A partir de allí, la institución inició un sumario interno, presentó denuncia formal y, ya con la historia subida a agenda pública, confirmó mediante un comunicado la detección de robo de estupefacientes (anestésicos de uso crítico), el apartamiento de las personas involucradas y la revisión de todo el circuito de control de drogas restringidas. El hospital también informó que se puso a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación.
Desde el fuero penal, la causa quedó en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento con la intervención del fiscal Lucio Herrera, quienes indagaron —vía Zoom— a Hernán Boveri (anestesiólogo del Italiano) y a Delfina Lanusse (residente de tercer año): a ella el 18 de marzo y a él el 25, en ambos casos tras allanamientos realizados en sus domicilios. Los dos imputados negaron los cargos y anticiparon que presentarían escritos; el expediente tramita por ahora como administración fraudulenta con perjuicio a la institución —y no en fuero federal— porque el propofol no figura en el listado de sustancias controladas por la ley de estupefacientes.
El eco más perturbador de la historia fueron las llamadas “Propo fest” o “fiestas del propofol”, un rótulo que circulaba en pasillos médicos y chats, y que las coberturas describen como reuniones privadas —en ocasiones de carácter sexual— y también pagas, con supuestos “viajes controlados” en los que se dosificaban propofol y, a veces, fentanilo, con una suerte de guardia improvisada para “ambucear” (ventilar manualmente) a quien cayera en apnea.
Para entender por qué el caso conmocionó a colegas y a la opinión pública, hay que recordar que propofol y fentanilo no son drogas recreativas: el primero es un anestésico/sedante intravenoso de uso hospitalario y el segundo, un opioide de altísima potencia. Ambos requieren monitoreo y equipamiento específico; fuera del entorno clínico, aún pequeñas variaciones de dosis pueden provocar depresión respiratoria severa y paro cardiorrespiratorio en minutos. Esta es la razón por la que profesionales y sociedades científicas advierten sobre el riesgo extremo del uso no médico de estas sustancias.
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