Tras casi dos años de investigación, desarrollada en gran medida lejos de la exposición pública y en medio de fuertes cuestionamientos por su lentitud, el expediente contra Marcelo Porcel (51) ingresa en una etapa decisiva.
El miércoles 18 de marzo a las 10AM, el imputado deberá presentarse virtualmente para la declaración indagatoria. Es una instancia que las nueve familias querellantes reclamaban con urgencia y que llegó tras el cierre de las pericias psicológicas de las víctimas y luego de denunciar una “gravedad institucional” por la parálisis del expediente.
Sin embargo, la citación no disipó las preocupaciones. Por el contrario, vino acompañada de decisiones que encendieron nuevas alarmas en la querella: el rechazo a profundizar el análisis del material digital secuestrado y la ausencia de medidas cautelares para garantizar la sujeción del empresario al proceso. A continuación, los detalles del nuevo giro en la causa.
El llamado a indagatoria: cierre de instrucción sin restricciones
El fiscal a cargo presentó el dictamen de indagatoria al considerar “agotada la investigación necesaria” para convocar al empresario. La decisión se sustenta en el conjunto de pruebas reunidas durante 20 meses: testimonios de diez jóvenes que al momento de los hechos eran menores de edad, peritajes psicológicos y evidencia digital obtenida en allanamientos.
La audiencia del 18 de marzo marcará el primer enfrentamiento formal de Porcel con los cargos que se le imputan: abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de 18 años con fines sexuales.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el dictamen fiscal no incluyó pedido de detención, ni prohibición de salida del país, ni entrega de pasaporte.
Porcel declarará en libertad y sin restricciones de movimiento. Para la querella, encabezada por Pablo Hawlena Gianotti, esta decisión resulta inquietante, tanto por la capacidad económica del imputado como por la entidad de los delitos atribuidos.
El punto ciego digital: rechazo a ampliar el peritaje
Según pudo saber GENTE, el 26 de febrero de 2026 el fiscal rechazó el pedido de la querella para ampliar el peritaje de los elementos secuestrados en el departamento de Godoy Cruz 3046 y en la oficina de Avenida del Libertador.
La representación de las víctimas solicitaba que se analizara de manera sistemática el resto del material almacenado en los dispositivos y, en particular, que se investigaran posibles indicios de distribución de imágenes.
En el expediente constan fotografías de un menor desnudo en la ducha, captadas mediante cámaras ocultas. Esas imágenes fueron reconocidas por los padres y por el propio joven. Para la querella, "ese hallazgo habilitaba a profundizar la pesquisa sobre una eventual circulación del material fuera del ámbito privado del imputado".
Con el rechazo fiscal, no se avanzará en nuevas pericias sobre computadoras, memorias externas ni pendrives secuestrados. El Ministerio Público considera que el estado actual de la prueba es suficiente para la indagatoria.
La decisión también se inscribe en una controversia técnica previa. En el acta de allanamiento de la oficina de Avenida del Libertador, la Policía de la Ciudad consignó que no halló “explotación sexual infantil”, figura que la querella sostiene que nunca fue el eje de su acusación, centrada en abuso sexual y corrupción de menores.
La palabra del abogado de las víctimas tras el llamado a indagatoria a Porcel
Consultado por GENTE en relación a qué se puede esperar tras la indagatoria, Pablo Hawlena Gianotti, abogado querellante, apuntó a que el empresario "debería ser procesado", y anticipó: "Nosotros vamos por una calificación más grave y además pediremos otra vez la detención".
También Gianotti agregó: "Por otro lado, sostenemos la participación necesaria de la esposa de Porcel, María Eugenia Llorente, porque también era 'guardadora' de los menores, entre otros detalles".
Según el abogado de los menores y sus familias, la mujer "sabía y permitía que su esposo usara su celular para persuadir a las madres de dejar que se llevaran a los niños al departamento y al campo".
Cuestionamientos procesales: entre ellos, el controversial acceso a documentación sensible
El recorrido del expediente hacia la indagatoria estuvo atravesado por planteos de la querella sobre supuestas irregularidades.
Según la defensa de las víctimas, el juez y el fiscal autorizaron el envío de una copia completa del expediente principal al Cuerpo Médico Forense en el marco de un incidente médico-legal. Para la querella, tal como expresó en diálogo con este medio, "esa decisión permitió que personas ajenas a la causa accedieran a documentación sensible de las víctimas".
“Permitieron que personas que solo debían intervenir en la cuestión médico-legal tuvieran acceso al expediente principal y eventualmente obtuvieran copias”, señalaron ante GENTE.
La denuncia de extorsión
En paralelo a la causa por abuso, Porcel presentó una denuncia por extorsión contra los padres de las víctimas en un juzgado de San Martín.
De acuerdo con la querella, se trata de una maniobra destinada a desacreditar a los denunciantes y presentarse como víctima. El empresario sostuvo que un hombre lo contactó para exigirle dinero a cambio de no difundir información en medios de comunicación.
Esa investigación tramita como delito federal en San Martín, mientras la causa principal continúa en la Justicia porteña.
A ello se sumó un episodio vinculado a la devolución de efectos secuestrados. Según Gianotti, "un hombre identificado como Javier Alberto García Porcel se presentó como apoderado de las empresas del imputado e intentó recuperar dispositivos incautados". Para ello exhibió un poder fechado en 1995, supuestamente firmado por el padre del empresario, quien "ya había fallecido para esa fecha".
La querella objetó la legitimación del apoderado y advirtió que el intento buscaba retirar elementos bajo custodia judicial antes de que fueran analizados en profundidad. También señaló que no se habría acreditado debidamente su identidad.
Pese a estos planteos, la defensa logró transitar la etapa de instrucción sin que se dictara prisión preventiva.
Los escenarios bajo investigación
La indagatoria del 18 de marzo pondrá el foco en cuatro lugares señalados como ámbitos donde se habrían producido los hechos: el domicilio familiar en Godoy Cruz, un departamento en la calle De María, la oficina de Avenida del Libertador y el Tambo Campazú en Cañuelas.
Según los testimonios de los 10 menores en Cámara Gesell –dos de ellos ya son mayores–, en esos espacios Porcel habría desplegado un mecanismo de seducción y anulación de la voluntad de los amigos de sus hijos, mediante consumo de alcohol y apuestas online. En el expediente también se mencionan cámaras ocultas en duchas, masajes con presuntas sustancias sedantes –cremas mentoladas– y presuntos tocamientos.
El juez Bruniard deberá evaluar este conjunto probatorio al momento de resolver la situación procesal del imputado. Mientras se acerca la fecha de la declaración, las familias denunciantes y parte de la comunidad educativa sostienen que el empresario "contó durante casi dos años con una situación de privilegio, sin ser indagado".
Recordemos que la primera denuncia fue radicada el 5 de julio de 2024. Aunque el foco principal es el periodo 2022-2024, la investigación podría extenderse hacia atrás en el tiempo, ante la posibilidad de que existan otras víctimas y hechos previos que aún no han sido plenamente procesados.
La audiencia marcará el fin de esa etapa. Pero el rechazo a ampliar las pericias informáticas y la ausencia de restricciones plantean un interrogante central: si la investigación alcanzará a determinar no solo los hechos denunciados, sino también el eventual destino del material audiovisual y el alcance completo del entramado que, según la acusación, se habría construido alrededor de las víctimas.
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