La noticia sacudió a Rosario. El bebé de seis meses internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela con signos compatibles de abuso sexual quedó apartado de su entorno familiar por decisión de la Dirección Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario.
El director del área, Rodrigo Lioi, lo confirmó y explicó el alcance de la medida, prevista para situaciones de vulneración grave de derechos. El Vilela, centro pediátrico de referencia regional, quedó a cargo de su resguardo clínico y asistencial.
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“Es una situación de mucha vulneración de derechos. Como suele suceder en este tipo de situaciones, nosotros lo que evaluamos es la adopción y efectivización de una medida de protección excepcional que en primer lugar implica separar al niño de su centro de vida. Es una medida temporal, porque tiene un plazo para que nosotros luego podamos actuar”, resumió Lioi.
La decisión tuvo su correlato judicial: la suspensión de la responsabilidad parental de ambos progenitores mientras se sustancian pericias y actuaciones en los tribunales provinciales.
El funcionario agregó que, durante la aplicación de la medida, el equipo estatal trabajó con los grupos familiares: “Durante el transcurso de la medida nosotros vamos trabajando con los grupos familiares para, primero ver la posibilidad de revertir las causas que dieron origen a la misma, pero eso depende de cada situación puntual”, dijo.
Y precisó la modalidad de cuidado inmediata: “Por la situación clínica del bebé quedará al resguardo del hospital. Nosotros tenemos acompañantes que tienen el rol de cuidado, más allá de que después se puede resolver que a lo mejor hay algún otro familiar directo que puede también ejercer los cuidados y tener vínculo con el bebé”.
Respecto de los tiempos, Lioi recordó que la normativa fija plazos acotados: “En cuánto al tiempo que demanda ese proceso, el plazo legal es de 6 meses. Hay situaciones que se resuelven antes y otras que después. Eso no implica que en ese plazo los niños no vean a los padres, madres o familiares”, concluyó.
Cómo sigue el caso de ahora en más
El propio sistema de protección de Santa Fe —que implementa la Ley provincial 12.967 en sintonía con la Ley nacional 26.061— prevé medidas excepcionales, temporarias y revisables, con intervención administrativa y judicial coordinada.
Fuentes con acceso al caso explicaron que la ruta institucional corrió por dos vías simultáneas: por un lado, salvaguardar la integridad del bebé con cuidado hospitalario y acompañantes designados; por el otro, sostener el proceso judicial a cargo del Ministerio Público de la Acusación, organismo que centraliza la política criminal en la provincia y coordina a las fiscalías regionales, incluida la de Rosario.
La decisión habilitó escenarios futuros que dependerán de informes técnicos y definiciones judiciales: una revinculación con familiares directos por fuera de los padres —si se dan las garantías— o, eventualmente, la adopción. En todos los supuestos, las autoridades insistieron en que el interés superior del niño es la pauta que ordena cada movimiento del expediente, tal como mandata el sistema de protección integral.
