El martes por la madrugada, un llamado anticipó la tragedia. Gustavo Suárez, de 48 años, se comunicó con su exmujer, Daiana García —sargento de la Policía de Huanguelén y madre de su hijo Francisco, de apenas 4 años de vida— para decirle dónde estaba y qué pensaba hacer.
Horas más tarde, la confirmación llegó con crudeza: el hombre fue encontrado sin vida dentro de un camión Mercedes Benz estacionado al costado de la ruta provincial N° 60, a unos 150 metros del acceso a la localidad. Su hijo agonizaba a su lado. Murió poco después, camino al hospital.
El caso estremeció a la región, pero también encendió alarmas que ya venían prendidas. Desde el inicio, los investigadores detallaron que entre Suárez y García existía un historial de violencia familiar.
Denuncias previas, medidas de restricción y un conflicto que se había intensificado tras la separación. El crimen, calificado por la UFIJ N°5 de Bahía Blanca —a cargo del fiscal Jorge Viego— como 'homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio', no surgió de un estallido súbito: estuvo precedido por una serie de advertencias.
La Policía también encontró una carta manuscrita en la que Suárez dejó al descubierto su hostilidad, su necesidad de control y su decisión final.
“Me voy con mi bebé Francisco porque le prometí cuidarlo siempre y así lo haré. Él va a estar bien junto a mí donde quiera que estemos y no en una vida de mierda que le podés dar vos acá, estando tirado en un lado u otro para irte con algún macho porque es lo primero que hacés siempre”, escribió el hombre, de profesión camionero, en uno de los pasajes más reveladores del texto, que hoy forma parte del expediente.
Los crueles antecedes de violencia en la relación de Daiana García y Gustavo Suárez
Pero la carta fue apenas la última pieza de una historia marcada por la violencia. Según consta en el parte policial, existían antecedentes formales entre las partes.
Las medidas cautelares impuestas a raíz de esos episodios vencieron el 4 de diciembre, apenas cinco días antes del asesinato.
Un mes antes, el 7 de noviembre, la oficial de Huanguelén había pedido una nueva restricción de acercamiento. Sin embargo, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del juez Alberto Manzi, rechazó la solicitud y derivó el caso al Juzgado de Paz y al área de Servicio Social local.
La intervención institucional continuó, pero sin resultados que pudieran anticipar la amenaza extrema. El 11 de noviembre, el Servicio Local elevó un reclamo para implementar medidas a favor del niño; el 14, el Juzgado de Paz ordenó un “cese de medidas de perturbación”. Pese al historial, la Justicia entendió que no había un riesgo inminente y definió que el menor debía seguir manteniendo contacto con su padre.
Para los investigadores, esa decisión hoy se reevalúa a la luz de todo lo ocurrido. Voces ligadas al caso describieron a Suárez como un hombre “obsesionado con el control” y “profundamente hostil” tras la separación, dos rasgos que ya habían encendido alarmas en su entorno. El filicidio, sostienen, fue la expresión más extrema de un mecanismo de violencia que buscaba castigar a la madre a través del hijo.
El crimen dejó al descubierto una secuencia de intervenciones judiciales, pedidos de ayuda y señales de riesgo que no lograron detener la escalada. En Huanguelén, la conmoción convive ahora con un interrogante inevitable: cómo prevenir, con herramientas eficaces, que antecedentes de violencia que parecen menores para el sistema terminen siendo la antesala de un hecho irreversible.
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