La tarde en que Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez salieron a las calles de Guadalajara para exigir agua limpia, no imaginaron que terminarían en el banquillo de los acusados. La protesta, realizada frente a la Casa Jalisco, buscaba llamar la atención sobre un problema que afecta a miles de habitantes de la capital: el acceso a un recurso vital y seguro.
Sin embargo, la movilización terminó con la detención de 39 personas, de las cuales estos cuatro jóvenes fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones y resistencia de particulares. Aunque podrán enfrentar el proceso en libertad, tendrán que presentarse periódicamente ante la autoridad durante los próximos seis meses, una medida que, según sus abogados y organizaciones civiles, deja en evidencia tensiones entre el derecho a la protesta y la respuesta institucional.
Una protesta, varias historias
Entre los detenidos destaca el caso de Samuel, un repartidor de aplicación de 24 años. Su arresto generó indignación cuando su madre denunció que el joven no participaba en la manifestación, sino que esperaba un pedido cuando fue interceptado y golpeado por policías estatales. Este testimonio, sumado a los relatos de otros detenidos, puso sobre la mesa posibles excesos policiales y deficiencias en el debido proceso.
La audiencia se realizó en los Juzgados de Control y Juicio Oral de Puente Grande. Allí, el juez sexto de control penal oral determinó la vinculación a proceso de los cuatro jóvenes, bajo los cargos mencionados. La defensa, encabezada por la abogada Sandra Milán, denunció que los policías tardaron más de diez horas en poner a los detenidos a disposición de la Fiscalía, y que no se registraron debidamente las lesiones sufridas por los imputados. Además, alegaron que las características físicas de algunos de los acusados no coincidían con las descritas en los informes policiales.
La reacción de la sociedad civil
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que acompaña a los detenidos, rechazó la resolución judicial y criticó lo que consideran la criminalización de la protesta social. “Hoy el Poder Judicial respaldó la criminalización de la protesta social... Exigimos la liberación por el total de los cargos. Nadie debe ser juzgado por ejercer su derecho a la protesta”, manifestó la organización en sus redes sociales.
La Fiscalía del Estado de Jalisco, por su parte, informó que se han integrado 14 carpetas de investigación relacionadas con los hechos, de las cuales 11 se iniciaron de oficio y tres por comparecencia de los presuntos afectados. Además, todos los detenidos durante la protesta fueron puestos en libertad y entregados a sus familias, mientras se documentaron sus informes y partes médicos.
El debate que persiste
Este caso no solo pone en el centro la situación de los cuatro jóvenes, sino que reaviva el debate sobre el derecho a la protesta y la respuesta de las instituciones ante las demandas sociales. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de garantizar el debido proceso y evitar que la exigencia de derechos fundamentales, como el acceso al agua, derive en procesos judiciales que puedan desalentar la participación ciudadana.
Mientras tanto, Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro deberán presentarse a firmar cada cierto tiempo, con la incertidumbre de un proceso judicial que sigue abierto. Su historia, marcada por la protesta y la respuesta institucional, refleja las tensiones de una sociedad que busca soluciones a problemas urgentes sin renunciar a sus derechos.



















































