Un llamado al 911 activó un allanamiento de urgencia en un geriátrico de Isidro Casanova. El rescate se produjo este 19 de febrero en un establecimiento de Isidro Casanova -La Matanza- identificado como “El jardín de mis abuelos”, ubicado en Portugal al 2000. Allí la Policía y personal de salud encontraron a siete adultos mayores —seis mujeres y un hombre— que, según la primera constatación, vivían en condiciones inhumanas y algunas de ellas estaban atadas a las camas. El procedimiento derivó en una causa penal y en la evaluación de una clausura administrativa.
La intervención comenzó cuando un residente logró escapar, cayó en la vía pública y pidió ayuda al 911. Tras ser atendido en la clínica Figueroa Paredes, se presentó en la comisaría y relató la situación que padecían él y sus compañeras. A partir de ese testimonio, un comisario que además es médico se dirigió al inmueble y describió “ancianas atadas a las camas, en pésimas condiciones de salubridad y con colchones y baños que provocaban asco”. Ese reporte motivó el pedido urgente a la fiscalía.
El allanamiento y las primeras medidas
Con la intervención de la fiscal Andrea Palín y el aval del juez de Garantías Fernando Pinos Guevara, se ejecutó un allanamiento de urgencia. En el lugar se constató falta de higiene, síntomas compatibles con desnutrición y señales de abandono, además de resistencia inicial para permitir el ingreso de las autoridades.
La fiscal dispuso trasladar a los siete adultos mayores a centros asistenciales y ordenó investigar si el geriátrico tenía habilitación, notificando al Ministerio de Salud bonaerense y al Municipio de La Matanza para que actúen sobre una eventual clausura. También se notificó la apertura de una causa —en principio, averiguación de ilícito y presunto maltrato/abandono— y se trabaja para identificar a los dueños del establecimiento.
Lo que encontraron los investigadores
Fuentes del caso detallaron que en las habitaciones había nulas condiciones de higiene, colchones deteriorados y sanitarios en estado crítico; algunas víctimas presentaban golpes y signos de desnutrición. En un testimonio incorporado al expediente se hizo referencia a que, frente a los pedidos de auxilio, una empleada habría dicho: “Gritá lo que quieras que nadie te va a ayudar”. Ese cuadro —sumado a la atadura de residentes— reforzó la hipótesis de abandono de persona y activó la derivación sanitaria inmediata.
El testimonio de una exempleada
Luego del allanamiento, una extrabajadora del lugar difundió un mensaje en redes denunciando “hambre, malos tratos y filtraciones de agua sobre las camas cuando llueve”. Afirmó que, durante las visitas familiares, desataban a los residentes para ocultar la rutina de sujeciones. Estos aportes ya fueron remitidos a la fiscalía para su valoración.
Los siete adultos mayores quedaron bajo evaluación clínica y acompañamiento social tras el traslado dispuesto por la fiscalía. En paralelo, se abrió un capítulo administrativo para determinar si el establecimiento estaba habilitado y, de no estarlo, avanzar con la clausura. La causa penal investiga posibles responsabilidades por maltrato o abandono de persona y la identificación de propietarios y responsables jerárquicos del geriátrico. Fuentes judiciales señalan que, hasta el momento, no había denuncias formales previas, aunque aparecen reseñas negativas en redes sociales que también serán analizadas.
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