La tarde en que Noelia contaba las horas para cumplir su deseo —el de una muerte asistida prevista por la Ley Orgánica 3/2021—, su padre activó el último movimiento judicial para paralizar la prestación. El escrito, presentado por la fundación Abogados Cristianos, pedía medidas cautelarísimas para detener el procedimiento y que se la obligara a pasar por un tratamiento psicológico y psiquiátrico antes de cualquier decisión irreversible. La presentación cayó en el Juzgado de Instrucción n.º 20 de Barcelona (plaza 20 del Tribunal de Instancia) y se vinculó a una querella por presunta prevaricación contra dos miembros de la Comisión de Garantía que avalaron el caso.
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La jueza, sin embargo, desestimó el pedido en las horas críticas previas a la aplicación: sostuvo que carecía de potestad para alterar una decisión ya adoptada por los órganos competentes en vía administrativa y judicial, y advirtió que paralizar el proceso podría generar a Noelia una situación de indefensión al afectar sus derechos fundamentales sin que ella fuese parte del proceso penal donde se tramita la querella. El razonamiento se apoyó también en un punto central: la capacidad de decisión de Noelia había sido confirmada en instancias previas, por lo que no correspondía imponerle un tratamiento psiquiátrico antes de la prestación.
El intento final del padre coronaba una estrategia que ya se había consignado semanas atrás: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para suspender la eutanasia mediante medidas cautelarísimas, y una solicitud paralela al juzgado penal para que se ordenara el tratamiento psiquiátrico de la joven. En esa ofensiva, la representación legal alegó diagnósticos como trastorno límite de la personalidad e ideación suicida para justificar la necesidad de una “intervención terapéutica intensiva” en lugar de la ayuda para morir. Los tribunales, sin embargo, concluyeron que las afirmaciones del progenitor no acreditaban una falta de capacidad en la hija, mayor de edad, cuya voluntad se mantuvo libre, informada y reiterada durante casi dos años.
La respuesta europea había terminado de despejar el camino en los días anteriores. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), última instancia adonde acudió el padre tras agotar la vía interna, rechazó el 10 de marzo las medidas cautelares para frenar el procedimiento, una decisión excepcional que no suele hacerse pública, y que mantuvo vivo el proceso en Cataluña mientras la demanda de fondo quedaba en trámite. Ese paso se sumó a los rechazos del Supremo y del Constitucional en España, que ya habían respaldado la validez del circuito sanitario‑administrativo y el criterio sobre la autonomía de la paciente.
En paralelo, medios españoles reconstruyeron el periplo judicial: desde la autorización unánime de la Comisión de Garantía y Evaluación (julio de 2024) a las suspensiones cautelares y los tironeos sobre la legitimación del padre para recurrir. Cuando el caso escaló, el TSJC terminó reconociendo su derecho a apelar, pero ratificó que de la prueba no surgía incompetencia de la hija; más tarde, el Supremo y el Constitucional inadmitiesen los recursos, consolidando que la voluntad de Noelia —mayor de edad y con capacidad— debía prevalecer en el marco de la Ley de Eutanasia.
La negativa de Barcelona a la maniobra in extremis cerró, así, un hilo que se había tensado con el paso de las semanas: los informes médicos y los controles previstos por la ley superaron las objeciones, y la Fiscalía ya había apoyado la denegación de las cautelarísimas. En las crónicas de ese jueves, se indicó que la prestación se realizaría en el centro sociosanitario donde la joven residía, con un equipo sanitario designado y bajo los protocolos de la ley. Horas después se confirmó que Noelia recibió la eutanasia, tras 601 días desde su primera solicitud, y que la entidad que representó al padre convocó actos de oración al conocer la noticia.
En su última entrevista televisiva, Noelia había explicado con serenidad el sentido de su decisión: “Quiero irme en paz y dejar de sufrir”, una frase que ordena la lectura de un expediente en el que la autonomía personal pesó más que la objeción familiar.
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