La causa que investiga a Facundo Uribe, acusado de explotar sexualmente a mujeres en Mar del Plata, sumó un hallazgo estremecedor tras la pericia de los dispositivos secuestrados en su domicilio.
Las autoridades detectaron en un pendrive conectado a un televisor de 75 pulgadas más de 200 archivos de abuso sexual infantil. Según informaron fuentes judiciales a medios locales, el material no sería de producción propia, sino adquirido o intercambiado en sitios de Internet.
Este descubrimiento agrava aún más la situación judicial del imputado, que ya enfrenta cargos por explotación sexual y ahora podría ser acusado también por tenencia de pornografía infantil.
El hallazgo en el operativo policial
Uribe, de 41 años, fue detenido a fines de agosto en el complejo habitacional SOIP, luego de varias denuncias de vecinos que alertaron sobre la presunta retención de mujeres contra su voluntad.
Durante el procedimiento, la Policía Bonaerense rescató a una joven de 23 años que permanecía cautiva en el departamento y era obligada a prostituirse.
En el lugar también se incautaron una notebook, celulares, balanzas de precisión, una máquina de tatuar con agujas, un cuadro con orificio presuntamente usado para cámaras ocultas y elementos sexuales. El material hallado confirmó los relatos de las víctimas que aseguraron haber sido tatuadas con las iniciales “F” o “FU” como forma de marcaje y sometimiento.
Las víctimas describieron un régimen de violencia, humillaciones y amenazas. Una de ellas relató que además de ser obligada a prostituirse, perdió piezas dentales como consecuencia de los maltratos.
Declararon también que los clientes pagaban sumas que llegaban a 90.000 pesos por media hora, dinero que iba directamente al imputado, mientras ellas recibían drogas como único “pago”.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia confirmó que las mujeres se encontraban en situación de vulnerabilidad y consumo problemático, lo que fue aprovechado por Uribe para explotarlas.
Uribe tiene un extenso historial delictivo: causas por robo, tenencia ilegal de armas y abuso sexual agravado que datan del año 2000, aunque nunca recibió una condena firme.
Actualmente está detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán y se negó a declarar. Su defensa pidió la excarcelación, pero la gravedad de los cargos hace difícil que sea otorgada.
La fiscal Graciela Trill continúa al frente de la investigación y no descarta que existan más víctimas que aún no se animaron a denunciar.
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