Todo comenzó el 20 de febrero pasado. Alejandro Zalazar (31), anestesiólogo de guardia en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia, fue hallado sin vida en su departamento de la calle Juncal al 4600, en el barrio de Palermo. Tenía una vía conectada al pie derecho. A su alrededor, medicamentos anestésicos, instrumental médico y una bomba de infusión, el dispositivo usado para administrar drogas por vía intravenosa en forma controlada. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una sobredosis de propofol y fentanilo.
Lo que convirtió el caso en una investigación judicial fue lo que ocurrió cuando la Policía rastreó el origen de los frascos hallados en la escena. Las etiquetas los identificaban como pertenecientes al Hospital Italiano de Buenos Aires, una institución privada de primer nivel donde Zalazar no trabajaba. Ese dato disparó una investigación interna en el hospital que, en cuestión de días, derivó en la identificación de dos profesionales de su servicio de anestesiología: el médico Hernán Boveri y la residente de tercer año de Anestesiología Delfina "Fini" Lanusse.
Ambos fueron imputados por administración fraudulenta. La causa quedó radicada en el Juzgado N° 48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, con investigación del fiscal Lucio Herrera. Sánchez Sarmiento los procesó formalmente: 70 millones de pesos de embargo para Boveri, 30 millones para Lanusse.
Las dos caras de las Propofest: viajes pagos y fiestas privadas
Lo que la investigación fue desenredando a partir del primer cuerpo –el segundo fue el del enfermero Eduardo Betancourt; 44 años– excede el robo de medicamentos. Según testimonios de médicos y residentes consultados en el marco de la investigación, las "Propofest" designan fiestas privadas organizadas por un grupo reducido de profesionales de distintos hospitales porteños, en las que los participantes consumían propofol y fentanilo con fines recreativos. Los relatos sobre estas prácticas circularon a través de audios y mensajes de WhatsApp que desataron el escándalo y los investigadores incorporaron al expediente.
Existían dos modalidades. La primera eran los llamados "viajes controlados": personas que pagaban para que les suministraran opioides con el objetivo de experimentar un estado de "relajación extrema" bajo la supervisión de un profesional, que podía asistir ante emergencias como apnea o paro respiratorio. La segunda eran fiestas privadas o de carácter sexual, reuniones íntimas organizadas por conocidos del ambiente donde las drogas se ofrecían a un círculo cerrado.
"Por una suma de hasta 3.000 dólares", un cliente podía acceder a una sesión privada en la que un médico administraba propofol o fentanilo fuera de todo contexto asistencial, en un domicilio particular.
"En las fiestas había una persona encargada de ambucear cuando aparecía la apnea", se escucha en uno de los audios. El atractivo de la propuesta era, precisamente, la supervisión: había alguien que monitoreaba la respiración, listo para intervenir si aparecía el cese transitorio de la respiración que estos fármacos pueden provocar–, y en algunos casos se usaban bombas de infusión para regular la dosis con precisión", contaron quienes sabían de la existencia de estos encuentros desde hace tiempo.
Para evitar ser descubiertos, la trama habría emitido certificados médicos falsos para que los profesionales de la salud que participaban pudieran eludir los controles antidoping obligatorios en el sector.
"Ya sabíamos que éste iba a ser un historión"
En los audios de WhatsApp que comenzaron a circular entre personal de salud y luego se viralizaron en redes como X (exTwitter), se describe con detalle el funcionamiento de los "viajes controlados". El mensaje de voz que se hizo viral explica los roles de los distintos participantes: había una persona designada para asistir ante una eventual apnea y otra a cargo de la bomba de infusión, lo que pone en evidencia un nivel de organización que la Justicia debe desmantelar para determinar con precisión si hubo cobro por estas funciones o si el robo era solo para uso recreativo entre conocidos.
El hallazgo de que las drogas provenían del Hospital Italiano –sin denuncias previas de faltantes registradas; recordemos que cada ampolla tiene un número de lote que asegura su trazabilidad y está asociado a una práctica y paciente en particular– abrió otra línea de la investigación: el posible robo sistemático de medicación y la eventual falsificación de documentación para retirarla sin ser detectados.
"Ya se sabía que iba a explotar esto; de hecho nos sorprendió que se mantuviera fuera de los medios, viene desde febrero", dijo a GENTE un anestesista que estaba al tanto de la modalidad en cierto sector de profesionales de la salud. Y sumó: "Sabíamos que iba a ser un historión cuando explotara en todos lados".
El efecto del propofol y el fentanilo
El propofol, conocido popularmente desde la muerte de Michael Jackson en 2009 –Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2011 por la muerte del cantante, ocurrida en 2009 debido a una sobredosis de ese fármaco–, es un sedante de acción ultracorta que provoca euforia y desconexión inmediata seguida de un sueño profundo. Sus efectos empiezan a los treinta segundos de administrado y duran entre cinco y diez minutos. Combinado con fentanilo –un opioide sintético entre cincuenta veces más potente que la heroína–, la experiencia tenía una demanda real entre quienes podían pagarla.
El toxicólogo Francisco Dadic fue contundente al respecto: "La utilización sin un seguimiento médico estricto puede llevar a cuadros de altísima gravedad". Fuera del ámbito hospitalario, sin oxígeno disponible y sin monitoreo completo de signos vitales, la línea entre un "viaje controlado" y una muerte es cuestión de milígramos.
Detrás de una historia que se consume con morbo, cómo funcionan realmente estos opioides
Efecto buscado: el propofol provoca euforia y desconexión inmediata seguida de un sueño profundo. Sus efectos empiezan a los treinta segundos y duran entre cinco y diez minutos. Combinada con fentanilo la experiencia era descrita como un estado alterado de conciencia con componente analgésico intenso.
En diálogo con GENTE la médica clínica Mariana Lestelle advierte que es fundamental explicar cómo funcionan realmente los opioides dentro del sistema médico para no promover ni banalizar su consumo. "Para aclarar un par de puntos, el fentanilo es una herramienta terapéutica indispensable en terapia intensiva o cuidados paliativos, donde se utilizan para tratar dolores severos, especialmente en pacientes oncológicos. Pero su uso es estrictamente hospitalario y altamente controlado", señala.
A diferencia de la morfina, que proviene de la planta de amapola, "el fentanilo es un opioide sintético fabricado en laboratorio y tiene un impacto inmediato sobre los receptores del organismo, generando dependencia física en tiempos muy breves, por lo que su administración debe ser extremadamente acotada y protocolizada".
En relación con el uso recreativo de anestésicos en contextos clandestinos, la médica se muestra especialmente preocupada por "la falta de información sobre los riesgos reales". Explica que sustancias como el propofol sólo deberían utilizarse en ámbitos hospitalarios con monitoreo permanente y que en el caso de los opioides resulta indispensable contar con naloxona disponible para revertir eventuales paros cardiorrespiratorios.
“No podés hacer una fiesta con opioides sin tener el antídoto al lado”, advierte, y señala que, incluso dentro del propio sistema sanitario, muchos profesionales parecen desconocer cómo actuar frente a una sobredosis.
Por su parte, en esa misma línea, una fuente del caso que prefirió el anonimato se explayó acerca del consumo de propofol y fentanilo por parte del personal médico. "Una cosa son los efectos de la medicación y sus efectos añadidos, y otra cosa son las características de las personas que la usan. Estas personas tienen una tendencia a ser adictos pero no todos los anestesistas se pegan el palo con eso", explicó.
Además, puntualizó que, "sin dudas, la medicina es una manera de acceder a ciertas sustancias a las que no accede la población en general, pero eso no significa que todos seamos ni abusivos ni adictos".
La otra muerte
Seis semanas después del fallecimiento de Zalazar, otro muerto. El 4 de abril –Viernes Santo–, la hermana de Eduardo Betancourt (44) llamó a la Policía al no tener noticias de él desde el 30 de marzo. Los efectivos ingresaron al departamento de la calle Oro, en Palermo, a menos de cinco cuadras de donde había muerto Zalazar. Betancourt estaba sentado en una silla, con sangre en la boca y sin signos vitales.
Enfermero de profesión, se había mudado a Buenos Aires desde el interior hacía apenas un mes. A su alrededor: una jeringa, un guante de látex y más de cien ampollas de medicamentos hospitalarios. Tres de las ampollas de fentanilo provenían del laboratorio del empresario Ariel García Furfaro, procesado por 111 muertes vinculadas a un opioide contaminado, aunque se trataría de una partida sin adulterar. La autopsia determinó muerte por cardiopatía.
La tercera imputada: el Rivadavia entra a la causa
Este lunes la figura que hasta ahora conectaba las dos investigaciones desde afuera pasó a estar adentro. Chantal "Tati" Leclercq, residente de tercer año del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, fue imputada por administración fraudulenta ante el juez Alejandro Litvack, del Juzgado N° 56.
La causa en su contra comenzó luego de que su propio jefe en el Rivadavia la delatara ante la AAARBA –la asociación que nuclea a los especialistas porteños– por haberla visto presuntamente drogada en el lugar. Ante la asociación, Leclercq reconoció que consumió propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, que habría tomado del stock del Rivadavia.
También admitió haber consumido propofol en una oportunidad junto a Zalazar –amigo y compañero de residencia– y otras veces con Lanusse, aunque nunca los tres juntos y siempre fuera del hospital. El último consumo de drogas de quirófano que reconoció fue en septiembre de 2025. En enero de 2026 viajó con Lanusse a Colombia: allí consumieron cocaína juntas.
A diferencia de sus colegas del Italiano, Leclercq todavía no fue expulsada de la asociación –aunque se abrió sumario interno– y el Hospital Rivadavia aún no informó su desvinculación.
Hay además un elemento previo que cobró nueva dimensión a la luz de la imputación. En mayo de 2025, los vecinos del edificio de Leclercq sobre avenida Santa Fe al 5300 alertaron en el chat vecinal al encontrar agujas hipodérmicas en el filtro de las secadoras del laundry comunitario. El primer mensaje decía: "Por favor, revisen los bolsillos de su ropa antes de mandarla a las lavadoras". Dos días después se repitió el episodio.
Por qué Fini está cada vez más complicada: su "pesadilla" se intensificó en febrero
Según una amiga de Fini, identificada en la causa como Mechi S., el mes de febrero fue el más complicado para la residente. No sólo la encontró ese mes "drogada en el piso". Con el tiempo empezó a registrar cambios físicos notorios que preocupaban a su entorno y episodios de consumo problemático cada vez más frecuentes.
Durante ese mes, esa fuente fue el 9 de febrero a la casa de Lanusse a buscar un bolso y entró con una copia de la llaves que tenía en su custodia. La joven no le atendía ni los mensajes ni el teléfono. Cuando entró, exactamente once días antes de la muerte de Zalazar, el escenario fue preocupante. La encontró tirada en el suelo, con una vía colocada en el pie, la controló y como vio que respiraba, la dejó en lugar sabiendo que estaba sedada con opioides.
Más tarde, Mechi S. regresó al hogar de la residente y se encontró a Fini "absolutamente desorientada" mientras en pleno verano lucía un tapado muy abrigado. La frase que le escuchó decir en esa oportunidad fue: "Hernán está loco".
En su declaración ante la justicia, Fini negó haber desviado opioides del Italiano y pidió que no la criminalicen por una situación personal. "Quiero seguir siendo médica", exclamó, y aseguró: "Soy intachable". Además, apuntó a su entorno: "Me ensució una amiga que está mal psiquiátricamente".
Más allá del consumo problemático, las escenas privadas y las supuestas "fiestas" con la sedoanalgesia como atractivo de la "experiencia", está en el centro de la cuestión la presunta administración fraudulenta de insumos y opioides cuya trazabalidad habría sido violada: evidentemente no sólo infringió controles de las instituciones médicas, sino que, además de la responsabilidad del Estado en el control de las sustancias a partir del Ministerio de Salud y la ANMAT, fue un mecanismo que se sostuvo gracias a la complicidad de varios actores en la cadena.
Lo que la Justicia todavía no pudo establecer es cuántos hospitales más están comprometidos y cuántos clientes externos pagaron por los "viajes controlados". Con tres imputados, dos muertos y pericias abiertas en expedientes distintos, la pregunta que los investigadores tienen pendiente es si el circuito termina en el Italiano y el Rivadavia o si hay más puertas que todavía no fueron abiertas.
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