La muerte de Alejandro Zalazar, residente del Hospital Rivadavia, destapó el escándalo de las Propo Fests, "viajes controlados" con anestésicos de uso exclusivamente intrahospitalario que terminaron en el ámbito privado para usos recreativos.
Mientras continúa la polémica, en diálogo exclusivo con GENTE, Mariana Lestelle propone correrse del morbo y apuntar a una pregunta estructural que ordena el debate: quién cuida a los que nos cuidan.
"En pandemia nos salían a aplaudir hasta tres veces por día desde los balcones y ahora pareciera que pasamos a ser sospechosos”, advierte la reconocida médica clínica, al tiempo que insiste en que los episodios recientes deben leerse como "casos aislados" dentro de un sistema mucho más amplio y no como una postal representativa de toda la profesión médica.
La "demonización" de los médicos y el verdadero flagelo del "burnout" y los trastornos de ansiedad
"No hay que infundir temor en la población. No son todos los profesionales de la salud así", asegura Lestelle, quien se adentra en el tema del momento con un acercamiento distinto al tema de la adicción dentro del sistema sanitario. Si bien no niega la gravedad del problema, advierte contra la demonización automática y responsabiliza al Estado en la cadena de responsabilidades: "Aún falta saber qué pasó con las 120 muertes a partir del fentanilo adulterado".
Desde su mirada, uno de los riesgos más grandes en medio del escándalo es construir miedo social a partir de excepciones, porque "las drogas no distinguen clase social ni formación profesional" y la asociación automática entre consumo problemático y marginalidad, aclara, es falsa.
Lestelle remarca que la medicina no está por fuera de la sociedad y que los profesionales de la salud atraviesan las mismas vulnerabilidades que cualquier otra persona, con un agravante silencioso: "El aumento sostenido del burnout ("trabajador quemado") y los trastornos de ansiedad, que crecieron mucho después de la pandemia".
Según explica la profesional de la salud, el desgaste emocional acumulado en los equipos sanitarios es real, profundo y muchas veces invisibilizado, y eso exige "respuestas institucionales serias" en lugar de reacciones punitivas rápidas que sólo tranquilizan momentáneamente a la opinión pública.
Detrás de una historia que se consume con morbo, cómo funcionan realmente estos opioides
En ese contexto, Lestelle advierte que es fundamental explicar cómo funcionan realmente los opioides dentro del sistema médico para no promover ni banalizar su consumo. "Para aclarar un par de puntos, el fentanilo es una herramienta terapéutica indispensable en terapia intensiva o cuidados paliativos, donde se utilizan para tratar dolores severos, especialmente en pacientes oncológicos. Pero su uso es estrictamente hospitalario y altamente controlado", señala.
A diferencia de la morfina, que proviene de la planta de amapola, "el fentanilo es un opioide sintético fabricado en laboratorio y tiene un impacto inmediato sobre los receptores del organismo, generando dependencia física en tiempos muy breves, por lo que su administración debe ser extremadamente acotada y protocolizada".
La médica recuerda que "en hospitales oncológicos es habitual el uso de ampollas análogas a la metadona o la morfina para el tratamiento del dolor", e incluso "la administración de fentanilo por goteo" en situaciones críticas, pero subraya que estas prácticas forman parte de protocolos estrictos y no de consumos recreativos.
En Estados Unidos, explica, "la crisis de los opioides lleva más de una década" y estuvo asociada a estrategias comerciales agresivas de laboratorios farmacéuticos que promovieron su prescripción incluso en cuadros de dolor leve, reemplazando antiinflamatorios comunes por drogas de alto impacto adictivo. “Hoy sabemos que esos opioides cambian rápidamente los receptores del cuerpo y generan dependencia física casi inmediata”, señala, y advierte que ese antecedente internacional debería servir como alerta preventiva para Argentina.
De la cadena de responsabilidades y a qué falló
Al analizar lo ocurrido con los médicos apartados de sus funciones en el Hospital Italiano en las últimas semanas, Lestelle propone una lectura más humanista del problema. Sostiene que "una cosa es el posible robo de sustancias controladas, que constituye un delito, y otra muy distinta es la existencia de una adicción, que debe abordarse como un problema de salud".
"Apartarlos puede ser correcto como medida preventiva, pero la pregunta es qué alternativa ofrecés después: ¿los echás y los dejás solos o los mandás a rehabilitación?”, plantea. Y advierte que el enfoque exclusivamente sancionatorio no resuelve el problema ni protege a la sociedad.
Para la médica, la responsabilidad frente a estos episodios se organiza en distintos niveles que deben analizarse en simultáneo: "Existe una responsabilidad individual vinculada a la conducta personal de cada profesional, una responsabilidad jerárquica relacionada con posibles abusos de poder dentro de las estructuras hospitalarias y una responsabilidad institucional ligada a los sistemas de control y trazabilidad de sustancias reguladas".
En ese sentido, subraya que los opioides intrahospitalarios están sometidos a mecanismos específicos de seguimiento, con registros de pedidos a las farmacias, devoluciones y lotes identificables, lo que "obliga a preguntarse no sólo quién accedió a las drogas sino también por qué fallaron los controles cuando aparecieron faltantes".
Su experiencia ante una situación similar: “Nadie se había dado cuenta de lo que estaba pasando”
Desde su experiencia personal, recuerda un episodio que la marcó profundamente cuando trabajaba coordinando una terapia intensiva en Olavarría, su ciudad natal. Una madrugada la llamaron porque una enfermera se había desmayado y al examinarla detectó inmediatamente un signo típico del consumo de opioides: la pupila puntiforme. Decidió administrar naloxona, un antagonista opioide capaz de revertir rápidamente los efectos depresores sobre el sistema nervioso central, restableciendo la respiración de la profesional. "En cuestión de minutos la profesional recuperó la conciencia", señala Mariana.
“Era una enfermera excelente y nadie se había dado cuenta de lo que estaba pasando”, recuerda, y explica que su decisión fue hablar con las autoridades para que se revisara el faltante de medicamentos, no con intención punitiva sino terapéutica. “No es para echarla, es para buscarle tratamiento. Si tapás estas cosas no ayudás a rehabilitar a nadie”, afirma.
Ese episodio también le dejó otra certeza: dentro de los equipos de salud existe una cultura de confianza que muchas veces dificulta detectar señales tempranas de consumo problemático. Lestelle advierte que "los médicos no administran siempre directamente las drogas y que el trabajo con enfermería implica necesariamente confiar en el otro, lo que vuelve más compleja la identificación precoz de estas situaciones".
Sin embargo, insiste en que la omisión también es un problema, porque "no intervenir frente a un consumo implica poner en riesgo tanto al profesional como a terceros".
La paradoja de las "propo fest" sin el antídoto
En relación con el uso recreativo de anestésicos en contextos clandestinos, la médica se muestra especialmente preocupada por "la falta de información sobre los riesgos reales". Explica que sustancias como el propofol sólo deberían utilizarse en ámbitos hospitalarios con monitoreo permanente y que en el caso de los opioides resulta indispensable contar con naloxona disponible para revertir eventuales paros cardiorrespiratorios.
“No podés hacer una fiesta con opioides sin tener el antídoto al lado”, advierte, y señala que incluso dentro del propio sistema sanitario muchos profesionales parecen desconocer cómo actuar frente a una sobredosis.
Para Lestelle, "el problema excede a individuos concretos y obliga a revisar el rol del Estado en el control de sustancias reguladas, desde la trazabilidad hasta la supervisión del circuito farmacológico". También plantea que resulta imposible analizar estos episodios sin considerar la reciente tragedia del fentanilo adulterado, que dejó más de 120 personas muertas, un dato que considera sorprendentemente ausente del debate público.
En ese sentido, insiste en que "las formas de consumo están cambiando y que ya no se trata únicamente de drogas ilegales tradicionales como la cocaína o el cannabis, sino de medicamentos con uso médico específico que terminan desviándose hacia circuitos paralelos con consecuencias potencialmente fatales".
Del tratamiento mediático de un tema delicado a la muerte de Michael Jackson por la administración de propofol
La médica también rechaza la demonización generalizada de los anestesistas involucrados en el escándalo reciente y sostiene que el tratamiento mediático del tema puede generar temor innecesario en la población. Para ella, el desafío es "construir respuestas institucionales que combinen control, prevención y acompañamiento terapéutico en lugar de limitarse a expulsar a quienes atraviesan un consumo problemático".
Como ejemplo de las consecuencias que puede tener el uso indebido de medicamentos intrahospitalarios fuera del sistema sanitario, menciona "el caso del cardiólogo Conrad Murray, condenado por la muerte de Michael Jackson tras administrarle propofol fuera de un entorno clínico adecuado, una situación que derivó en la pérdida de su matrícula profesional y en una condena judicial". Para Lestelle, ese antecedente internacional demuestra que el acceso a determinadas sustancias implica responsabilidades especiales que no pueden relativizarse.
En medio de la discusión pública, la médica insiste en recuperar una mirada más amplia sobre el fenómeno de las adicciones dentro del sistema sanitario y vuelve a la pregunta inicial que, para ella, sigue sin respuesta suficiente: quién cuida a los que cuidan. “Somos seres comunes que pueden tener cualquier tipo de adicción”, resume, y advierte que reconocer esa fragilidad no debilita al sistema médico sino que lo vuelve más humano y más seguro.
