El regreso de Mauro Icardi a la Argentina se planeó en silencio, casi como una operación contrarreloj. A última hora del 19 de marzo, el delantero aterrizó en Buenos Aires —acompañado por La China Suárez— y se instaló en la casa de Nordelta para encarar una semana que, más allá de su presente deportivo en el Galatasaray, tenía un objetivo íntimo y preciso: volver a ver a sus hijas Francesca e Isabella. Este viaje se hizo con un permiso especial del club turco ya que el reencuentro estaba pautado desde hace tiempo, con un esquema que ponía énfasis en la rutina escolar de las niñas.
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En paralelo al aterrizaje, empezaron a circular versiones contrapuestas: que habría tensiones en la puerta del colegio, que Wanda Nara no habría garantizado la salida con el padre o que el entorno de Icardi se preparaba “para todo”. Fue entonces cuando Ana Rosenfeld, histórica representante legal de Wanda y conocedora al detalle de la causa de familia, alzó la voz en X (ex Twitter) con un mensaje inequívoco: “¡Basta de falsas noticias! Las niñas van a estar con su papá como se resolvió de común acuerdo en las presentaciones realizadas. La información que filtran a través de algunos periodistas solo quiere generar inestabilidad y conflicto donde no la hay”.
Respecto a las condiciones de estos días, se reveló que Icardi debería retirar a las niñas por la escuela y hacerlo sin acompañantes, con presencia del Ministerio Público Tutelar y una “custodia pasiva” que se traducía en profesionales y abogadas listos para intervenir solo si algo se salía del guion. La hoja de ruta, trascendió, habría sido conversada por las partes y convalidada por la Justicia para evitar roces.
El plan se diseñó con la memoria fresca de episodios previos que tensaron el vínculo público de la expareja. Pero esta vez, más allá del ruido del prime time, el foco se posó en un dato que explica la intervención de Rosenfeld: el énfasis en que el encuentro estaba consensuado.
A este esquema se le suma un contexto judicial que enmarca la estadía. En la previa del viaje, se difundió que el juez Adrián Hagopián y la licenciada María Fernanda Mattera, junto a las abogadas de ambas partes, habían pautado condiciones concretas: entre ellas, que las niñas no faltaran al colegio en fechas establecidas y la regularización de obligaciones alimentarias, cifras y medidas que se consignaron en resoluciones recientes.
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