La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, tras un intenso debate, la confirmación de la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa denominada “Vialidad Nacional” que investigó los direccionamientos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, de estrecho vínculo con el poder kirchnerista.
En concreto, se habla de 51 obras viales que fueron adjudicadas con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 al empresario que en ese entonces era amigo de la expresidenta de la Nación.

Por ese vínculo con Báez es que Fernández de Kirchner se encuentra sindicada como la jefa de una asociación ilícita (por el que le caben de 3 a 10 años de prisión) en carácter de jefa y de haber realizado una administración fraudulenta agravada (2 a 6 años de prisión) por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

Tres pruebas clave contra Cristina Fernández de Kirchner
-Los jueces consideraron que el Decreto 54/2009 fue un “instrumento para la maniobra criminal” que “proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente. Pero esencialmente brindó el contexto de opacidad suficiente para que el Administrador General pudiese, a partir del régimen inherente a la naturaleza de los fondos, disponer libremente qué obras se valdrían de los recursos del fideicomiso”.

-Por su parte, el magistrado dijo: “No agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la ex Presidenta”.
-Además, consideraron que en los chats que se conocieron terminaron quedando en evidencia el abandono de las obras desde 2015, cuando Mauricio Macri asumió el poder.
Los condenados en la causa de “Vialidad Nacional”
En la mencionada causa, Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro fueron absueltos. Pero, además de la expresidenta de la Nación, hay otros condenados:
- Lázaro Báez, empresario: seis años de prisión acusado de partícipe necesario por el delito de administración fraudulenta.

- José López, exsecretario de Obras Públicas: seis años de prisión. Ya había recibido una condena por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de un arma de fuego.
- Nelson Periotti, ex titular Vialidad Nacional: seis años de prisión como autor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
- Mauricio Collareda, exjefe del Distrito N°23 “Santa Cruz” de Vialidad Nacional: cuatro años de prisión por el delito de fraude al Estado.
- Raúl Daruich, exfuncionario del Distrito N°23 “Santa Cruz” de Vialidad Nacional: tres años de prisión en suspenso por el delito de fraude al Estado.
- Raúl Pavesi, exintegrante de la Agencia de Vialidad Provincial: cuatro años y seis meses de prisión por el delito de fraude al Estado.

- José Raúl Santibáñez, exintegrante de la Agencia de Vialidad Provincial: cuatro años de prisión por el delito de fraude al Estado.
- Juan Carlos Villafañe: cinco años de prisión por el delito de fraude al Estado.