Un bioquímico de 71 años fue detenido en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, acusado de mantener secuestrados en su vivienda a su pareja y a sus tres hijos. Las víctimas fueron liberadas tras un operativo de rescate llevado a cabo por autoridades judiciales y policiales, originado a partir de reiteradas denuncias sobre el aislamiento extremo del grupo familiar.
La investigación penal comenzó formalmente el pasado 10 de octubre, cuando vecinos del barrio presentaron una denuncia ante la Justicia. La presentación advertía sobre la falta absoluta de contacto social de los menores de edad y el encierro del inmueble. En un primer momento, efectivos de la Policía Comunitaria intentaron tomar contacto con los moradores de la propiedad, sin obtener respuesta por parte del responsable.
Ante la imposibilidad de verificar el estado de las personas en el interior, se requirió la intervención del Servicio de Protección de Derechos a través de su Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Los profesionales de este organismo acudieron a la vivienda con la finalidad de realizar una evaluación de la situación familiar, pero el acusado se negó de manera sistemática a permitir el ingreso del personal oficial al domicilio.

Frente a la negativa del hombre, el equipo interdisciplinario elaboró un informe de riesgo urgente en el cual se advirtió de manera explícita sobre la vulnerabilidad extrema de los integrantes del hogar. Este diagnóstico fue el elemento determinante que motivó al Ministerio Público Fiscal a solicitar una orden judicial de allanamiento para ingresar de forma compulsiva al inmueble.
El procedimiento de registro e irrupción se llevó a cabo el 22 de octubre y estuvo encabezado por la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato, acompañada por la funcionaria Mónica Caveri. La medida contó con la participación de fuerzas de seguridad, equipos médicos y personal de asistencia psicológica. Durante el despliegue alrededor de la casa, los efectivos escucharon pedidos de auxilio provenientes del interior, lo que derivó en el ingreso inmediato de la comitiva oficial.
Una vez dentro de la vivienda, las autoridades hallaron a los integrantes de la familia confinados en diferentes sectores del inmueble. Ante la gravedad de las condiciones constatadas, la fiscalía solicitó al juez interviniente la ampliación de las medidas procesales y dispuso la detención inmediata del hombre de 71 años, imputado por el encierro prolongado y la privación ilegítima de la libertad de su pareja e hijos.
Posteriormente al rescate, las instituciones judiciales y del sistema de salud activaron protocolos de contención, brindando asistencia médica y atención psicológica integral a los afectados. Las personas rescatadas reciben actualmente acompañamiento profesional permanente con el objetivo de evaluar el daño ocasionado por la privación ilegítima de su libertad.
Cómo sigue la investigación judicial

“El avance de la investigación penal permitirá determinar la dimensión de lo acontecido, la Fiscalía requerirá en audiencia las medidas que considere necesarias para evitar el entorpecimiento procesal y garantizar el normal desarrollo de la investigación” , comunicó el Ministerio Público Fiscal.
La calificación legal provisoria establecida por los investigadores judiciales encuadra los hechos en el delito de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.
“Habría afectado de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las víctimas” , explicaron desde la Fiscalía.
En relación con el resguardo de las personas damnificadas, los organismos intervinientes dispusieron la reserva estricta de sus datos de identificación.
“Se resguarda de forma absoluta la identidad, las imágenes y los datos que permitan la localización de las víctimas del caso. Garantizar su derecho a la intimidad y evitar la revictimización mientras avanzan las actuaciones de los equipos profesionales para la restitución plena de sus derechos” , precisaron voceros judiciales.
“Requerirá en audiencia las medidas que considere necesarias para evitar el entorpecimiento procesal y garantizar el normal desarrollo de la investigación” , aclaró el Ministerio Público Fiscal




















































