Un nuevo capítulo se escribe en la historia política de México: a partir de ahora, solo quienes posean exclusivamente la nacionalidad mexicana podrán aspirar a la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La reforma constitucional, declarada válida por el Senado tras el aval de 22 congresos estatales, marca un giro en los requisitos para ocupar los cargos ejecutivos más altos del país.
La decisión, anunciada en una sesión plenaria por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, responde a una inquietud de fondo: asegurar que quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal y los ejecutivos locales tengan un solo vínculo jurídico y simbólico con México. Así, la doble nacionalidad, que hasta ahora no era impedimento, queda excluida para quienes busquen dirigir los destinos del país o de sus entidades federativas.
La ruta de la reforma: 22 congresos estatales dieron el sí
El camino hacia esta reforma no fue breve. Para modificar la Constitución, la ley exige el respaldo de al menos la mitad más uno de los congresos estatales. En esta ocasión, la aprobación llegó desde 22 entidades, entre ellas Baja California, Chiapas, Estado de México, Puebla, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México, entre otras. Con este respaldo, el Senado pudo emitir la declaratoria de constitucionalidad.
"Con 22 votos recibidos se aprueba el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivo, federal y locales", precisó el presidente del Senado durante la sesión.
¿Qué cambia con la nueva disposición?
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de su entrada en vigor, quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la jefatura de Gobierno capitalina deberán acreditar que solo tienen la nacionalidad mexicana. Quedan fuera de la contienda quienes, además de la mexicana, posean otra nacionalidad, sin importar el país de origen o las circunstancias en que la hayan adquirido.
El objetivo, según los legisladores, es garantizar la lealtad exclusiva de los titulares del Ejecutivo a México, evitando posibles conflictos de interés o lealtades divididas. La medida también busca dar certeza jurídica sobre la identidad nacional de quienes ocupan los cargos de mayor responsabilidad política.
El siguiente paso: publicación y entrada en vigor
Tras la declaratoria en el Senado, la reforma fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez publicada, la disposición entrará en vigor y será obligatoria para los futuros procesos electorales en los que se elijan titulares del Ejecutivo federal y locales.
El sistema legislativo permanecerá abierto por si algún otro congreso estatal decide sumarse a la aprobación, aunque el requisito mínimo ya se cumplió. Así, México redefine el perfil de quienes podrán aspirar a liderar el país y sus estados, en una decisión que, más allá de lo jurídico, abre el debate sobre identidad, pertenencia y los requisitos para ejercer el poder político en el siglo XXI.
