En una jornada marcada por el debate y la confrontación de visiones sobre la identidad nacional, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada tras diez horas de discusión y más de doscientas reservas presentadas, con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención.
El dictamen, que ahora será revisado por el Senado, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su objetivo es claro: quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y locales deberán mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano, sin posibilidad de contar con otra nacionalidad, ni antes ni durante el ejercicio del cargo.
El debate: identidad, migración y lealtad
La sesión en San Lázaro puso en evidencia las tensiones que atraviesan a la sociedad mexicana en torno a la migración y la pertenencia. Mientras los legisladores de Morena y sus aliados defendieron la medida como una garantía de lealtad y compromiso exclusivo con México, diputados de oposición, especialmente del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, advirtieron sobre el impacto negativo que podría tener para millones de mexicanos residentes en el extranjero y para el reconocimiento de la diversidad de identidades en el país.
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) fundamentó la reforma señalando que "la medida busca garantizar que quienes encabecen los poderes Ejecutivos mantengan exclusivamente vínculos e intereses jurídicos con México". En contraste, Germán Martínez (PAN) sostuvo que "la nación mexicana trasciende el territorio" y alertó sobre posibles afectaciones a los derechos de los migrantes. Desde el PRI, César Alejandro Domínguez cuestionó la rapidez del proceso legislativo y rechazó que la doble nacionalidad sea sinónimo de deslealtad.
Requisitos y alcances de la reforma
De ser aprobada por el Senado, la reforma estipula que para aspirar a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno, será obligatorio ser ciudadano mexicano por nacimiento y no contar con otra nacionalidad. En caso de poseerla, la persona deberá renunciar formalmente antes de solicitar el registro como candidato. Además, durante el ejercicio del cargo, estará prohibido adquirir otra nacionalidad, invocar protección diplomática extranjera, utilizar pasaportes de otro país o ejercer derechos políticos ante gobiernos extranjeros.
El documento también establece que quienes infrinjan estas disposiciones podrán ser removidos de sus cargos. Sin embargo, la reforma no será retroactiva: no afectará a quienes actualmente ocupan la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno. Los nuevos requisitos aplicarán a partir del proceso electoral de 2028, si la iniciativa es ratificada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
¿Un cambio de época?
La aprobación de esta reforma abre un debate profundo sobre el significado de ser mexicano en el siglo XXI. Para algunos, representa una reafirmación de la soberanía y la exclusividad del vínculo político con el país. Para otros, implica un retroceso en el reconocimiento de la pluralidad de identidades y la realidad de una nación con millones de ciudadanos en el extranjero.
El Senado tendrá ahora la última palabra sobre una iniciativa que, más allá de los tecnicismos legales, interpela a la sociedad mexicana sobre su futuro y la manera en que define la pertenencia y la lealtad en un mundo cada vez más globalizado.
