Un grupo de alumnos de colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires quedó bajo investigación luego de que se denunciaran maniobras de violencia digital contra compañeras, a partir de la creación, circulación y presunta comercialización de imágenes falsas de sus compañeras desnudas realizadas con inteligencia artificial.
El caso involucra a estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y del Colegio Nacional de Buenos Aires, dos instituciones preuniversitarias dependientes de la Universidad de Buenos Aires, y ya derivó en la intervención de autoridades escolares, organismos de protección de derechos y la Justicia porteña.
La situación comenzó a circular dentro de la comunidad educativa a fines de junio, cuando alumnas y estudiantes advirtieron la existencia de grupos de mensajería en los que se compartían imágenes manipuladas digitalmente sin consentimiento.
La denuncia generó conmoción entre familias, docentes y alumnos, y expuso una problemática cada vez más frecuente: el uso de herramientas de inteligencia artificial para producir contenidos falsos que vulneran la intimidad y la dignidad de otras personas.
La investigación judicial quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de actuaciones iniciadas por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de Daniela Dupuy.
Existen al menos dos investigaciones abiertas vinculadas con la difusión de este tipo de material, mientras se busca determinar quiénes participaron, cómo se organizaron los grupos, cuál fue el alcance de la circulación y si hubo comercialización.
En paralelo, las autoridades de los colegios involucrados informaron que activaron canales de escucha, acompañamiento y protocolos internos. En el caso del Carlos Pellegrini, la rectora Ana Barral confirmó que se realizaron presentaciones ante el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y que durante la semana se llevaron adelante entrevistas, informes y acciones de contención. También sostuvo que, una vez concluido el proceso interno, se aplicarán las sanciones correspondientes.
Desde el Colegio Nacional de Buenos Aires, las autoridades señalaron que abrieron espacios de diálogo y acompañamiento con áreas institucionales, preceptores, tutores, orientadores, consejeros de convivencia, estudiantes y familias. Además, expresaron su repudio a cualquier acción de este tipo y anticiparon que se tomarán medidas pedagógicas y reparatorias conforme al reglamento de convivencia y las normativas vigentes.
El episodio también provocó una fuerte reacción estudiantil. Integrantes de la comunidad educativa reclamaron respuestas rápidas, protección para las alumnas afectadas y medidas concretas para evitar que las víctimas deban seguir compartiendo espacios cotidianos con quienes habrían participado en la circulación del material. En comunicados difundidos por estudiantes, se remarcó la necesidad de discutir consentimiento, privacidad, autonomía y violencia de género en los ámbitos escolares.
Más allá del avance judicial, el caso abrió un debate urgente sobre los límites, riesgos y responsabilidades asociados al uso de inteligencia artificial entre adolescentes. Especialistas en delitos informáticos y violencia digital advierten desde hace tiempo que estas herramientas pueden ser utilizadas para crear imágenes falsas de apariencia realista, lo que plantea nuevos desafíos para familias, escuelas y organismos judiciales. En este contexto, la pregunta ya no es únicamente quién creó o difundió el material, sino también cómo se previenen estas prácticas dentro de las comunidades educativas.
La preocupación central está puesta en el daño que este tipo de hechos puede producir en las víctimas. Aunque las imágenes sean falsas o estén manipuladas, su circulación puede derivar en hostigamiento, exposición, humillación y consecuencias emocionales severas. Por eso, las autoridades insisten en la importancia de no reenviar el material, preservar las pruebas en los dispositivos y realizar las denuncias correspondientes por canales institucionales o judiciales.
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