En una sesión marcada por el debate y la búsqueda de equilibrio entre finanzas públicas y desarrollo, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de Derechos para 2027. Esta iniciativa, que ahora será revisada por el Senado, introduce modificaciones en los cobros que el Estado realiza por diversos servicios y el uso de bienes nacionales, tocando áreas sensibles como el turismo, el transporte ferroviario y aéreo, y los trámites sanitarios.
La reforma, parte del Paquete Económico para 2027, fue avalada en lo general con 329 votos a favor y 117 en contra, reflejando tanto el respaldo mayoritario como las preocupaciones de la oposición. El dictamen contempla incrementos en cuotas para turistas extranjeros, trenes y aeronaves, así como ajustes en licencias y autorizaciones administrativas, y nuevas obligaciones para concesionarios de agua.
Turismo, transporte y salud: los sectores en el centro del debate
Uno de los puntos más discutidos fue el aumento en el Derecho No Residente (DNR), una cuota que pagan los turistas extranjeros al ingresar al país. Además, se prevén alzas en el cobro por emisión de visas, uso del espacio aéreo y derechos de vía ferroviaria, lo que podría impactar tanto a viajeros como a empresas de transporte y logística.
En materia de salud, la oposición advirtió sobre incrementos significativos en licencias sanitarias. Por ejemplo, la licencia para servicios de transfusión sanguínea podría pasar de mil 482 a 17 mil 349 pesos, según expuso el diputado Christian Castro Bello. Estos cambios, señalaron legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, podrían repercutir en los costos de operación de empresas y, eventualmente, trasladarse a los consumidores.
Conectividad y tecnología: incentivos para el futuro
Más allá de los ajustes en cobros, la reforma incorpora medidas para incentivar la inversión en telecomunicaciones. Se establecen reducciones en los derechos por el uso del espectro radioeléctrico y exenciones para ampliar la cobertura de redes 5G en zonas prioritarias. Legisladores de Morena defendieron estos incentivos como una apuesta para extender la conectividad y modernizar la infraestructura digital del país.
La diputada Claudia Rivera Vivanco subrayó que la iniciativa no crea nuevos impuestos para las familias ni incrementa tarifas de pasaportes o uso aeroportuario, sino que busca actualizar los derechos conforme a los costos reales de los servicios y las necesidades de operación de las instituciones públicas.
Un paso más hacia la aprobación final
El dictamen también introduce la obligación de instalar medidores de agua a los contribuyentes con concesiones y promueve el uso de nuevas tecnologías para inspecciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en línea con la tendencia de modernización administrativa.
La reforma ahora pasa al Senado, donde será discutida en comisiones y en el pleno. La fecha límite para su aprobación, con o sin modificaciones, es el 31 de octubre. El debate en la Cámara alta será clave para definir el alcance final de estos cambios y su impacto en la vida cotidiana de millones de personas.
La Ley Federal de Derechos 2027 representa mucho más que un ajuste técnico: es un reflejo de las prioridades del Estado mexicano ante los retos de financiamiento, desarrollo y equidad en el acceso a servicios públicos. Su aprobación definitiva marcará el rumbo de sectores estratégicos y la relación entre el Estado, los ciudadanos y las empresas en los próximos años.
