El jueves 8 de octubre, el penal El Castillo de Mazatlán se convirtió en escenario de una de las jornadas más trágicas de su historia. Lo que debía ser un día de reencuentro familiar terminó en luto: una riña entre grupos antagónicos de internos desató una balacera que dejó 10 muertos, entre ellos un menor de 11 años que había ingresado con su familia para una visita.
La violencia irrumpió poco después de las 10 de la mañana, cuando decenas de familiares ya se encontraban dentro del centro penitenciario. Según confirmaron las autoridades de Sinaloa, la pelea escaló rápidamente hasta que se escucharon disparos de arma de fuego, sembrando el pánico entre internos y visitantes. Los custodios, superados por la magnitud del enfrentamiento, solicitaron refuerzos de la Guardia Nacional y fuerzas federales, mientras un helicóptero del Ejército sobrevolaba el penal para coordinar el operativo de contención.
Un día de visita que terminó en tragedia
Entre las víctimas fatales se encuentran nueve personas privadas de la libertad y un niño identificado como Edgar Arturo, de 11 años, quien había acudido al penal acompañado de sus familiares. La presencia del menor entre los fallecidos ha conmocionado a la comunidad local y resalta la vulnerabilidad de quienes, sin estar involucrados en los conflictos internos, resultan alcanzados por la violencia.
Familiares de los internos, algunos aún formados a la espera de ingresar, recibieron la noticia de la tragedia de boca del propio director del penal, Enrique Mora Castillo, quien salió a pedir calma y asegurar que la situación estaba bajo control. Sin embargo, la incertidumbre y el dolor eran palpables entre quienes aguardaban noticias de sus seres queridos.
El operativo y las primeras respuestas
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa confirmó que, además de los 10 fallecidos, 16 internos resultaron heridos y fueron trasladados en ambulancias a distintos hospitales para recibir atención médica. Alrededor del penal, el despliegue de fuerzas federales, estatales y municipales fue inmediato, con la presencia de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para garantizar el control del recinto y la seguridad en la zona.
Como medida de contingencia, la Dirección del Centro Penitenciario suspendió de forma preventiva todas las visitas, mientras que el personal de Trabajo Social estableció contacto con los familiares de las víctimas para brindarles información y apoyo en medio de la crisis.
Sobrepoblación y tensión constante
El penal El Castillo alberga a más de 2,200 internos, superando en casi 400 personas su capacidad oficial. La mayoría de los reclusos purga condenas o enfrenta procesos por delitos graves, desde homicidio hasta tráfico de drogas. Esta sobrepoblación, sumada a la presencia de grupos rivales en su interior, ha sido señalada en repetidas ocasiones como un factor de riesgo para la seguridad y la convivencia dentro del centro.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal aseguró que el resto de la población penitenciaria permanece bajo custodia y sin novedades, y reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y transparencia. "Las autoridades mantienen su presencia en el lugar para preservar el orden y garantizar la seguridad", subrayó la institución en un comunicado.
Investigación en marcha y duelo en Mazatlán
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya inició las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, Mazatlán y las familias afectadas enfrentan el dolor y la indignación por una tragedia que, una vez más, pone en evidencia los desafíos del sistema penitenciario y la urgencia de medidas para prevenir que la violencia traspase los muros de la prisión y alcance a quienes solo buscaban un momento de encuentro familiar.
