La tarde del domingo, las calles de Guadalajara se llenaron de voces exigiendo un derecho básico: agua limpia. Miles de personas, entre ellas familias, jóvenes y trabajadores, marcharon para denunciar la grave contaminación del agua que llega a sus hogares. Lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en una jornada marcada por la violencia, decenas de heridos y una serie de detenciones que hoy tienen a la ciudad en vilo.
La protesta, que reunió a cerca de 10 mil ciudadanos según autoridades, fue interrumpida por un fuerte operativo policial. El saldo: 39 personas detenidas, decenas de lesionados —incluyendo manifestantes, periodistas y policías— y un clima de indignación que no ha hecho más que crecer. La respuesta de las autoridades, marcada por el uso de gases lacrimógenos, chorros de agua y proyectiles, ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y familiares de los arrestados.
El traslado a Puente Grande y el caso de Samuel Morales
De los 39 detenidos, siete fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, un símbolo de máxima seguridad en Jalisco. Entre ellos se encuentra Samuel Morales Navarro, un joven repartidor de plataformas digitales que, según testimonios y videos difundidos en redes sociales, no participaba en la protesta. Samuel trabaja para costear el tratamiento oncológico de su madre, y su detención —calificada de arbitraria por familiares y defensores— se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la controversia.
La Fiscalía de Jalisco informó que seis de los trasladados enfrentan cargos por lesiones dolosas contra policías, mientras que a Samuel se le imputa el delito de desobediencia o resistencia de particulares. Sin embargo, en un segundo comunicado, la propia fiscalía aclaró que los siete no han sido sentenciados y que permanecerán en el área de juzgados hasta que se determine su situación jurídica, con la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad.
Familias y colectivos exigen justicia
La reacción de las familias y colectivos de derechos humanos no se hizo esperar. Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), exigió información clara y pública sobre los detenidos y denunció irregularidades como el uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y la incomunicación de los arrestados durante casi 20 horas. "La exigencia que hacemos el día de hoy es que brinden información pública, abierta y certera de todas las personas que están detenidas en fiscalía para poder contrastar la información y verificar que ninguna persona detenida haya sido desaparecida o se encuentre en esa calidad", reclamó Montiel Flores.
Los familiares aseguran que los detenidos son jóvenes comprometidos con su ciudad y que ejercían su derecho a manifestarse, negando que formen parte de grupos violentos. Videos y testimonios presentados por los colectivos muestran escenas de detenciones violentas y personas visiblemente golpeadas tras su liberación.
Irregularidades y versiones encontradas
Mientras la fiscalía sostiene que 39 personas fueron detenidas, organizaciones y familiares documentaron hasta 49 arrestos, y durante horas denunciaron la desaparición temporal de ocho manifestantes. Aunque la mayoría fue liberada durante el lunes, ninguno quedó libre de cargos y las investigaciones continúan por presuntos ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, defendió la actuación policial, asegurando que la marcha fue infiltrada por provocadores armados y que la violencia dejó 31 manifestantes y 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre el estado de salud de los civiles heridos y las familias insisten en que los detenidos no corresponden a los supuestos grupos de choque.
Ante la presión social, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República podría investigar la actuación de los policías si se presentan denuncias formales. Mientras tanto, nuevas protestas han sido convocadas en distintos puntos de la ciudad para exigir la liberación de los detenidos y el respeto al derecho a manifestarse.
Un llamado a la transparencia y el respeto a los derechos humanos
Lo que comenzó como una demanda por agua limpia ha derivado en una discusión nacional sobre el derecho a la protesta, el uso de la fuerza pública y la necesidad de transparencia en las acciones del Estado. Los familiares de los detenidos, los colectivos de derechos humanos y buena parte de la sociedad tapatía insisten en que la justicia debe prevalecer y que ningún reclamo legítimo puede ser respondido con represión o criminalización.
La historia de Samuel Morales y los demás detenidos es, hoy, el reflejo de una ciudad que exige respuestas: no solo sobre la calidad del agua, sino sobre la calidad de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales.
