La novedad estalló este miércoles 24 de junio, en una jornada que ya venía cargada de expectativa por el avance del debate oral que busca esclarecer qué pasó con Loan Danilo Peña, el nene desaparecido el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en 9 de Julio, Corrientes.
Antes del inicio de la tercera audiencia, Carlos Pérez le entregó a su abogado, Ernesto “Tito” González, una carta con observaciones sobre el proceso. Según explicó el defensor, se trató de “notas” y “consultas técnicas” relativas al desarrollo del debate, aunque el contenido del manuscrito rápidamente captó la atención pública por la dureza de sus frases.

En las imágenes difundidas por distintos medios puede verse que el texto arranca con un encabezado contundente: “Chivos expiatorios”. Debajo, Pérez escribió: “Considero que este lamentable hecho ocurrido en la provincia de Corrientes ha superado ampliamente las capacidades investigativas del orden fiscal”.
Más adelante, sumó otra frase que impactó de lleno en la causa: “Tal vez la fuerte presión mediática que inunda la provincia produjo que ante indicios y no pruebas fehacientes rápidamente se nos juzgue falsamente”. Ese tono, lejos de una confesión o un descargo formal, fue interpretado como una crítica frontal a cómo se condujo la investigación en uno de los casos policiales más conmocionantes de los últimos años en la Argentina.
La reacción del abogado fue inmediata, pero buscó bajar el voltaje del episodio. González sostuvo ante la prensa que la carta no contiene una declaración de fondo sobre lo ocurrido con Loan, sino inquietudes procesales propias de un imputado que sigue de cerca cada instancia del juicio.
“Son cuestiones técnicas”, afirmó, y remarcó que incluso para él era útil que su defendido las dejara por escrito. Sin embargo, más allá de esa interpretación formal, el manuscrito dejó expuesta por primera vez, de manera textual, la posición íntima de Pérez frente al expediente: se considera un acusado injustamente señalado y entiende que él y otros imputados fueron convertidos en “chivos expiatorios”.
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Carlos Pérez llega al juicio como uno de los principales acusados del llamado “grupo del almuerzo”, es decir, el núcleo de siete imputados a quienes la fiscalía les atribuye haber participado en la presunta sustracción y ocultamiento del chico.
En ese grupo también están su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; Laudelina Peña, tía de Loan; Antonio Benítez; Daniel “Fierrito” Ramírez; Mónica Millapi; y el excomisario Walter Maciel. Según la acusación fiscal, todos habrían actuado de manera coordinada en una maniobra que comenzó durante el almuerzo familiar del 13 de junio de 2024 y que derivó en la desaparición del niño.
La hipótesis central de la fiscalía, ratificada en la antesala del debate oral, es que Loan no se perdió solo, sino que fue sustraído del ámbito de custodia de su padre. La fiscal Tamara Pourcel sostuvo públicamente que la inspección ocular realizada en 9 de Julio reforzó esa teoría, al descartar que el terreno y las condiciones del lugar permitan sostener con fuerza la hipótesis de un extravío accidental. En paralelo, el fiscal Carlos Schaefer señaló que uno de los objetivos del juicio es quebrar el presunto pacto de silencio entre los acusados y obtener, por fin, una explicación sobre el destino del niño.
En ese contexto, la carta de Pérez aparece como un movimiento de alto impacto simbólico, aunque todavía sin efecto procesal directo. No se trató de una indagatoria ni de una ampliación formal de declaración, pero sí de una intervención que dejó ver el clima que atraviesa a los imputados en pleno juicio.
De hecho, en la misma audiencia en la que se conoció el manuscrito, las defensas cuestionaron la acusación fiscal por supuesta falta de precisión en los hechos y en los roles atribuidos a cada acusado, presentaron pedidos de nulidad y reclamaron la incorporación de nuevas pruebas. La fiscalía rechazó esos planteos y defendió la validez de la acusación, tras lo cual el tribunal dispuso un cuarto intermedio para analizar las objeciones antes de avanzar con la etapa de indagatorias.
Otro dato fuerte de la jornada fue que, al momento de ser consultados por el tribunal, varios de los principales imputados optaron por no declarar. Entre ellos estuvieron Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Antonio Benítez y el propio matrimonio conformado por Pérez y Caillava. La única excepción parcial fue Walter Maciel, que por ahora prefirió no dar su versión, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante, una vez escuchadas las testimoniales.
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