Thiago Altamirano tenía 2 años y murió en las últimas horas en la ciudad de Salta, después de haber sido llevado de urgencia al sistema de salud desde una vivienda del barrio Convivencia, en la zona sudeste de la capital provincial.
Por el caso quedaron detenidos la madre del chico, una joven de 19 años, y su pareja, un hombre de 32, mientras la Justicia intenta determinar cómo se produjeron las lesiones que presentaba el nene y cuál fue la causa exacta de su muerte.
La investigación quedó en manos del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, que ya ordenó pericias en la vivienda y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia.
El caso empezó a tomar forma el lunes por la noche, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación crítica en el domicilio donde vivía el menor. Thiago fue trasladado primero al Hospital Papa Francisco y, debido a la gravedad de su cuadro, derivado en código rojo al Hospital Público Materno Infantil.
Allí ingresó sin signos vitales y los médicos no pudieron salvarlo. Esa secuencia, que ocurrió en pocas horas, activó de inmediato la intervención judicial por la severidad del cuadro y por las sospechas que despertaron las lesiones detectadas por los profesionales de la salud.
La primera explicación que dieron los adultos fue que el niño se había caído de la cama. Sin embargo, esa versión empezó a ser cuestionada casi de inmediato. Los médicos detectaron lesiones internas y que, además, existía un informe hospitalario que advertía sobre un “antecedente de traumatismo previo”.
Por otra parte, el cuerpo del nene presentaba heridas y moretones que, en principio, no serían compatibles con una caída doméstica accidental. Sobre esa base, la fiscalía pidió la detención preventiva de la madre y de su pareja para resguardar la investigación y avanzar en la recolección de pruebas.
A medida que el caso se hizo público, la historia sumó otro capítulo todavía más delicado: el de las denuncias previas y las advertencias que, según la familia paterna, no fueron escuchadas a tiempo.
Los abuelos paternos de Thiago aseguraron que desde 2025 venían realizando presentaciones por presuntos episodios de violencia y descuido, y que incluso habían pedido la tenencia del nene y de su hermano menor.
Según esos relatos, el reclamo no se limitaba solo a Thiago: también incluía a su hermanito, un bebé de 10 meses, cuyo futuro quedó ahora bajo especial observación de los organismos de niñez. Los abuelos se presentaron ante la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia para pedir el resguardo del menor, aunque por ahora el hermanito habría quedado bajo protección institucional.
Aunque esa situación todavía aparece bajo seguimiento oficial, el planteo familiar puso el foco sobre un aspecto central del caso: si existieron o no señales previas que debieron activar mecanismos de protección más eficaces.
En paralelo, también comenzaron a aparecer testimonios de vecinos del barrio Convivencia. Algunos conocidos de la familia dijeron haber visto situaciones de violencia en la vivienda y apuntaron especialmente contra el padrastro, al que describieron como una persona violenta.
Ese tipo de testimonios, por supuesto, deben ser corroborados dentro del expediente y no equivalen a prueba judicial concluyente, pero hoy forman parte del contexto que la fiscalía analiza para reconstruir qué pasaba alrededor del niño antes de su muerte. La Justicia, por ahora, mantiene una línea de investigación cautelosa y no cerró ninguna hipótesis antes de tener los estudios forenses completos.
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