La investigación por la muerte de una nena de 10 años en la localidad santiagueña de Chañar Pozo de Abajo sumó en las últimas horas un dato devastador. El informe ampliado de la autopsia confirmó que la menor presentaba múltiples lesiones compatibles con agresiones físicas reiteradas, además de un fuerte golpe en la cabeza que terminó provocándole la muerte.
El caso, que conmociona a toda la provincia de Santiago del Estero, derivó en la detención de su padrastro, René Orlando Bulacio, de 47 años, quien fue imputado por homicidio calificado por el vínculo, un delito que prevé prisión perpetua.
Según detalló el médico forense en el informe incorporado a la causa, la víctima tenía lesiones visibles en brazos, piernas y en la ceja derecha. Pero el hallazgo más grave fue un severo traumatismo craneal compatible con un golpe realizado con la mano, lesión que fue determinada como la causa eficiente de la muerte.
Desde el inicio, los investigadores sospecharon que no se trataba de una muerte natural. Cuando el personal policial y sanitario llegó a la vivienda rural, tras un llamado al 911 realizado por los adultos de la casa, detectó que la niña estaba extremadamente delgada y con distintos hematomas en el cuerpo.
En un primer momento, Bulacio aseguró que la menor atravesaba un cuadro de salud delicado, con dolor de garganta y tos persistente. Incluso sostuvo que no habían podido trasladarla a un centro médico por problemas económicos y explicó que la alimentaban únicamente con líquidos porque tenía dificultades para ingerir alimentos sólidos. Sin embargo, con el correr de las pericias, la versión comenzó a derrumbarse.
Un contexto de violencia
Con el avance de la investigación, la fiscalía encabezada por Rafael Zanni determinó que la niña habría sido víctima de constantes golpizas dentro del entorno familiar. Para los investigadores, las lesiones encontradas en el cuerpo no eran compatibles con accidentes domésticos, como había intentado justificar el acusado.
Además, fuentes judiciales confirmaron que la madre de la menor tenía conocimiento de las agresiones, aunque nunca realizó una denuncia formal. A pesar de eso, la Justicia resolvió no detenerla por el momento, ya que debe permanecer al cuidado de los otros hijos menores de edad de la familia.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que la niña llevaba el apellido materno y no el de Bulacio, situación que forma parte de una de las hipótesis que analiza la fiscalía sobre el posible móvil del crimen.
Allanamiento y nuevas medidas
En paralelo, el juez de Río Hondo y Jiménez, Diego Vittar, ordenó un allanamiento en la vivienda familiar con el objetivo de secuestrar elementos que puedan resultar claves para la causa.
Los efectivos policiales también avanzan con entrevistas a vecinos y familiares para reconstruir el contexto en el que vivía la menor y determinar si existían antecedentes de violencia previos al crimen.
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