Un insólito error procesal generó fuerte indignación en Santa Fe: Esteban Ramón Delgado, un hombre acusado por abuso de sus hijas, quedó en libertad después de que venciera el plazo de su prisión preventiva y la Fiscalía no solicitara a tiempo la prórroga de la medida cautelar.
La excarcelación fue ordenada por el juez Ariel Cattáneo durante una audiencia en los Tribunales provinciales de San Lorenzo, luego de que la defensa advirtiera el vencimiento del plazo y reclamara que el imputado continuara el proceso fuera de prisión.
El caso tomó estado público en las últimas horas y provocó una fuerte polémica por la actuación del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Según trascendió, Delgado había sido imputado en diciembre de 2024 y, en un primer momento, la prisión preventiva se había fijado hasta diciembre de 2026. Sin embargo, una resolución posterior de la Cámara de Apelaciones de Rosario redujo ese plazo y estableció su vencimiento para junio de 2026.
A partir de esa modificación, la única forma de mantener detenido al acusado era que la Fiscalía pidiera formalmente una extensión de la prisión preventiva antes de que expirara el plazo. Ese trámite no se realizó. Por ese motivo, cuando la defensa planteó el vencimiento de la medida cautelar, el juez no tuvo margen legal para rechazar el pedido y dispuso la excarcelación del imputado.
La situación se habría producido en medio de una reorganización interna dentro de la Fiscalía de San Lorenzo. El expediente había pasado del fiscal Maximiliano Nicosia Herrero al fiscal Javier Paz a comienzos de junio, cuando el plazo de la preventiva todavía no estaba vencido. En ese contexto, la falta de seguimiento sobre la fecha límite terminó derivando en la liberación del acusado.
El episodio generó malestar en el entorno de las denunciantes y también dentro del ámbito judicial. Gabriel Filippini, abogado de la familia, cuestionó con dureza el accionar de los investigadores y calificó la situación como “inaceptable”. Además, señaló que la excarcelación se había otorgado con un domicilio fijado cerca del lugar donde viven las presuntas víctimas, lo que profundizó la preocupación de la familia.
Tras la difusión pública del caso, la Justicia ordenó nuevamente la detención de Delgado. La nueva medida se produjo luego de que el acusado violara una prohibición de acercamiento. De esta manera, aunque la excarcelación fue revertida, la polémica por el error de la Fiscalía ya había quedado instalada.
Desde la Fiscalía Regional se informó que se inició un relevamiento interno para analizar qué ocurrió con el expediente y por qué no se pidió la prórroga correspondiente dentro de los plazos legales. La actuación del funcionario judicial quedó bajo la lupa, ya que el vencimiento de una prisión preventiva en una causa de estas características exige un seguimiento estricto por parte del Ministerio Público.
El caso también volvió a poner en discusión el funcionamiento de los controles internos dentro del sistema judicial. Si bien una prisión preventiva no implica una condena, su vencimiento requiere decisiones procesales claras y dentro de los plazos establecidos. En este caso, la omisión de ese pedido permitió que un acusado por un delito grave recuperara la libertad, al menos de manera momentánea.
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